Ocultan en Veracruz pensión de profesor

La familia del maestro, que murió esperando su pensión, pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz aclarar qué pasó con sus dos plazas, vigentes hasta 2024, aunque el IPE dejó de registrar aportaciones

El profesor sufrió un infarto en 2017 y a pesar de tener un documento que demostraba que no podría regresar a su trabajo, no lo dejaron acceder a su pensión en Veracruz.
El profesor sufrió un infarto en 2017 y a pesar de tener un documento que demostraba que no podría regresar a su trabajo, no lo dejaron acceder a su pensión en Veracruz.Lourdes López y Especial

XALAPA, Ver.- Raúl Cisneros Valdivia murió sin recibir la pensión por invalidez que reclamó durante años, y su familia exige al gobierno de Rocío Nahle y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) aclarar qué ocurrió con los recursos de sus dos plazas, que permanecieron vigentes hasta octubre de 2024, pese a que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) dejó de registrar aportaciones desde julio de 2019.

Según sus familiares, el profesor dejó de recibir su salario desde 2020, pero su baja del servicio activo está fechada hasta el 31 de octubre de 2024. La documentación que exhibe la familia señala como última cotización ante el IPE el 10 de julio de 2019.

Cisneros Valdivia trabajó más de cuatro décadas para el gobierno de Veracruz como docente, supervisor escolar y apoyo técnico pedagógico; la familia sostiene que tenía reconocidos 43 años de aportaciones. En 2017 sufrió un infarto y fue dictaminado como no apto para seguir trabajando. Tras cumplir el periodo de incapacidades, en noviembre de 2019 entregó la documentación para tramitar su retiro por invalidez. La pensión nunca llegó.

Sus familiares aseguran que en 2020 le registraron faltas injustificadas pese a contar con incapacidades y dictamen médico; luego le suspendieron el salario y comenzó un peregrinar entre la SEV, el sindicato y el IPE.

Lourdes López y Especial

Desde 2019, a pesar de que estuvieron vigentes, nunca hubo aportaciones ya para el Instituto (...) las plazas siguieron vigentes a nombre de él (...) pero nunca cobró él nada”, denunció Ana Luisa Domínguez Chávez, maestra jubilada y cuñada del profesor.

La Ley 287 incluye la pensión por invalidez entre las prestaciones del sistema; el IPE la otorga a trabajadores inhabilitados física o mentalmente por causas ajenas a su empleo, con al menos tres años de cuotas continuos.

Cisneros murió sin la pensión y sin saber qué ocurrió con esos recursos. Sus allegados concluyen que murió de tristeza e impotencia: pese a su gravedad médica, las autoridades y su sindicato, la Sección 56 del SNTE, no corrigieron su situación aunque él lo pidió reiteradamente.

Expendiente 

Ana Luisa Domínguez y María del Rosario, viuda del profesor, aseguran que el 1 de octubre se reunieron con la titular de Educación y el oficial mayor, y que de ese encuentro surgió una minuta para revisar los antecedentes de las plazas y dar una respuesta el 9 de octubre. La contestación, afirman, no llegó y el 21 de octubre iniciaron un plantón.

Especial

La familia exige que la SEV determine cuándo terminó realmente la relación laboral, por qué dejaron de efectuarse aportaciones al IPE desde 2019 si la baja ocurrió cinco años después y si en ese periodo se emitieron pagos a nombre del profesor. Dicen tener información de esos movimientos, que deberá corroborarse con los registros oficiales de nómina y pago.

El antecedente 

El caso adquiere relevancia por las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la nómina educativa de Veracruz en la Cuenta Pública 2025. En la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) quedaron 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar, entre otras cosas por pagos posteriores a la baja de trabajadores y recursos para personas registradas como fallecidas.

La auditoría no establece que Cisneros Valdivia forme parte de esos casos, y sus observaciones siguen en proceso de fiscalización: no equivalen, por sí mismas, a un daño patrimonial definitivo. Pero pesan sobre la pregunta de la familia: si desde 2020 no recibía salario y desde 2019 no había aportaciones, ¿qué ocurrió con los recursos de sus plazas hasta octubre de 2024?

“Que dé la cara la secretaria y el oficial mayor”, exigieron los familiares.