1. Educados. Punto débil durante sexenios, la educación pública hoy es prioridad. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el apoyo a los alumnos es un derecho universal sin distinción por promedio escolar, el cual ha permitido que cerca de 10% de jóvenes en riesgo de abandonar las aulas continúen estudiando. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, detalló que, junto con la SEP, dirigida por Mario Delgado, se impulsa la conversión de bachilleratos generales en planteles tecnológicos. “La educación es un derecho, no una mercancía”, remarcó Delgado, acompañado de un presupuesto histórico. Que sea un gasto útil. Nada más.
2. Paso adelante. Los trabajos de inteligencia marcan el contraste. Permitieron establecer ubicación y desplegar un operativo para asegurar a un presunto integrante del CJNG, sin realizar un solo disparo. En una operación conjunta de fuerzas federales y autoridades estatales, fue detenido Giancarlo “N”, alias Raptor, identificado como jefe de sicarios, señalado por su posible participación en al menos dos multihomicidios en Colima. Otro punto para Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Giancarlo purgó tres años de prisión y salió en 2025. Mermar la capacidad operativa de su grupo criminal es lo que cuenta. O sólo será otro que cae.
3. Visión social. El gobernador Alfonso Durazo entregó el Paquete Económico 2027 al Congreso de Sonora. Refrendó su compromiso de mantener una política hacendaria responsable y en sintonía con el gobierno de México, enfocada en atender directamente las necesidades de las familias y consolidar el desarrollo equilibrado de todas las regiones de la entidad. Y la mejor decisión es que viene sin nuevos impuestos y con mayor inversión pública social. La propuesta supera los 4 mil mdp con 471 acciones en los 72 municipios. Se espera disciplina financiera y un cierre ordenado de la administración estatal. ¡Adiós al año de Hidalgo!
4. Gravedad. Juan Francisco R. B., quien fue el primer titular de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nayarit, fue detenido por elementos de la FGR, por una orden de aprehensión relacionada con la presunta desaparición forzada de personas ocurrida en 2017. Si bien los casos se inscriben en el contexto de la gestión del entonces fiscal general Edgar Veytia, detenido en EU y condenado a 20 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, existen 25 órdenes de aprehensión contra funcionarios actuales y anteriores. ¿Y el gobernador Miguel Ángel Navarro?, ¿De adorno?
5. Una historia más. En el Veracruz de Rocío Nahle hasta morir parece insuficiente para cerrar un expediente burocrático. Raúl Cisneros Valdivia dedicó más de cuatro décadas a la educación pública, tenía reconocidos 43 años de aportaciones y murió sin recibir la pensión por invalidez que solicitó desde 2019. Lo más desconcertante es que sus dos plazas siguieron vigentes hasta octubre de 2024, aunque dejó de cobrar desde 2020 y el IPE no registró aportaciones desde julio de 2019. La burocracia sigue cobrando víctimas y el gobierno de Nahle ni cuenta se da.