Niega cargos por Odebrecht; Lozoya tiene segunda audiencia

CIUDAD DE MÉXICO.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, fue vinculado a un segundo proceso penal, en esta ocasión por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en la causa penal integrada por el caso Odebrecht.

El juez de control federal Juan Carlos Ramírez Benítez, con sede en Reclusorio Norte, emitió su resolución la noche miércoles, en la segunda audiencia virtual por medio de videoconferencia, y decretó la libertad condicional del procesado, siempre y cuando atienda las medidas cautelares dictadas.

“Siendo las 21:37 horas se dicta auto de vinculación a proceso a ERLA (Emilio “L”) por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho sancionados en diversos numerales del Código Penal Federal, en su calidad de autor material, naturaleza dolosa”, resolvió el juzgador.

En la sesión, la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió la prisión preventiva oficiosa debido a que el acusado solicitó un criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones y señalar a los responsables de esos delitos.

Durante su intervención, el acusado nuevamente se dijo no culpable ni responsable, incluyendo las acusaciones en el caso Odebrecht.

“Quiero hacer de su conocimiento, su señoría, que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado.

“Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y posibles beneficiarios de los mismos”, afirmó el procesado.

Nuevamente, para garantizar que el acusado no se evada de la acción de la justicia, se reiteraron las medidas cautelares del martes.

De esta forma, Emilio “L” terminará su convalecencia en el hospital y se podrá retirar a un lugar diverso con la colocación de un dispositivo electrónico de localización, se le retirará su pasaporte y visa, y se mantendrá la vigilancia permanente de la Policía Federal Ministerial.

El juez Ramírez Benítez también estableció que el exfuncionario se debe presentar a firmar los días 1 y 15 de cada mes, y concedió seis meses a la FGR para la investigación complementaria.

En esta causa penal 261/2019, la FGR fincó acusaciones sobre la recepción de un soborno de 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, entre los años 2011 y 2014.

Los pagos se habrían realizado cuando el procesado fue coordinador de la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como director de Pemex, a cambio de contratos para obras por parte de la brasileña.

En este delito, Emilio “L” habría contado con la colaboración de su hermana y su madre, a quienes se les depositó dinero en México y Alemania, además de que se compró una casa en Ixtapa.

De la cárcel fueron al hospital y luego a casa

Ahora la nueva modalidad parece ser pisar primero un nosocomio antes que el reclusorio.

La extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de España a México, por presuntos vínculos en actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht, marcó una nueva modalidad: llevar al inculpado directo a un hospital, antes de pisar la cárcel.

Si bien en el caso de Lozoya Austin se le colocará un brazalete electrónico y deberá acudir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes, contrasta con el de otros exfuncionarios presos, a quienes, por motivos de salud, sólo se les ha permitido dejar por breve tiempo la cárcel para ser atendidos en el nosocomio, o bien permanecer presos en la Torre Médica de Tepepan.

Esta situación contrasta con la de Rosario Robles, extitular de Sedesol, presa en Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por vínculos con la llamada estafa maestra.

Mayor de 60 años, Robles Berlanga solicitó prisión domiciliaria por padecer hipertensión arterial y enfermedades crónicas en vías respiratorias, pero el juez sólo aceptó que se le hiciera la prueba del coronavirus, sin salir de prisión.

Elba Esther Gordillo, expresidenta del SNTE, presa por cinco años desde febrero de 2013 por presunto desvío de recursos, estuvo primero unos meses en el penal de Santa Martha Acati-

tla, de donde fue llevada para su reclusión a la Torre Médica de Tepepan del gobierno capitalino, por padecer insuficiencia renal, donde estuvo cerca de tres años.

Posteriormente fue trasladada a una torre médica privada en Paseo de las Palmas en enero de 2016, donde estuvo hasta diciembre de 2017, luego de que el Poder Judicial le concediera la prisión domiciliaria.

Y fue hasta 2018, ocho meses después, cuando a Gordillo Morales, a los 73 años de edad, se le notificó el decreto de su “absoluta e inmediata libertad” debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual estaba sujeta. 

Asimismo, Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, de 72 años de edad, acusado del delito de defraudación equiparable, está en prisión domiciliaria desde enero de 2019 en su casa de Coyoacán, pero estuvo los últimos 5 años en la Torre Médica de Tepepan, por padecer una enfermedad coronaria.

Un caso aparte es el del abogado Juan Collado, hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue detenido hace un año acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

Al litigante, preso en el Reclusorio Norte, se le ha negado el traslado a un hospital, de acuerdo con su esposa, Yadhira Carrillo, quien señaló que Collado padece gota y requiere alimentación especial.

Por otra parte, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, detenido desde 2001 por vínculos con el narcotráfico, y lavado de dinero, fue condenado a 28 años de cárcel; en los años recientes se le permitía acudir a chequeos médicos al hospital, pero anticipadamente hoy está en prisión domiciliaria.

El 9 de septiembre de 2019 un grupo de senadores de Morena se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pedirle su intervención para que por “razones humanitarias”, Villanueva, de 72 años de edad, pudiera ser trasladado a su casa, tal como ocurrió.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, detenido en Guatemala en abril de 2017 después de permanecer más de seis meses prófugo de una orden de aprehensión por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, espera obtener la prisión domiciliaria.

Enfermo de depresión, Duarte de Ochoa, de 46 años de edad, permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de que en mayo pasado le ratificaran nueve años de prisión; se le practican regulares chequeos médicos.

Hoy, quizá otros funcionarios presos deberán tener chequeo médico, como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido recientemente en La Florida, EU, acusado de desvío de recursos y que está en vías de ser extraditado a México.

Y otros que siguen en proceso judicial son Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, preso en Panamá desde junio de 2017, acusado de aprovechamiento ilícito del poder. 

Asimismo, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, detenido en Florencia, Italia, el 9 de abril de 2017.

En 2018 fue extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico.

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