México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas; será discutido en la Asamblea General

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU decidió elevar a la Asamblea General, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones en México. El organismo señaló que existen indicios fundados de que estas prácticas se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad, al tratarse de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

En su informe, el Comité explicó que las desapariciones se cometen bajo políticas concebidas y aplicadas por autoridades públicas en distintos niveles de gobierno, o bien por organizaciones que actúan de manera autónoma con la complicidad o aquiescencia de funcionarios. Aunque aclaró que no hay evidencia de una política federal deliberada para ordenar desapariciones, sí identificó patrones que cumplen con los criterios del derecho internacional.

El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, subrayó que lo relevante no es que los crímenes se produzcan a escala nacional, sino la magnitud y el patrón de los ataques dirigidos contra la población civil.

Propuesta de la ONU

El grupo de trabajo planteó la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y brindar asistencia a las familias que buscan a sus seres queridos. También sugirió cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación, además de fortalecer la protección a las familias afectadas.

El informe destacó que, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano, no ha habido una mejora sustancial en la crisis. Como muestra, mencionó el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas, con alrededor de 6,200 cadáveres, 4,600 restos humanos y otros 72,000 restos no identificados.

Respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de México rechazó el informe de la ONU, calificándolo de tendencioso y falto de rigor. En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, las autoridades señalaron que las conclusiones del Comité son parciales y no reflejan la realidad actual del país, pues no tomaron en cuenta la información actualizada que México entregó antes de la publicación.

Las autoridades aseguraron que el gobierno no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, destacaron avances institucionales logrados desde 2019 y reforzados a partir de 2025, como la alerta nacional de búsqueda, la base nacional de carpetas de investigación, la plataforma única de identidad y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El comunicado también cuestionó el rigor jurídico del Comité y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes. Aun así, México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, siempre que se realice bajo premisas que reflejen la realidad actual del país.

Organismos internacionales presionan

La magnitud de la crisis, con miles de personas desaparecidas y restos sin identificar, ha convertido a México en uno de los países con mayor número de casos en el mundo. Para los organismos internacionales, la falta de resultados concretos en la identificación de víctimas y en la sanción de responsables es evidencia de que se requieren reformas estructurales urgentes.

Este choque de posturas abre un escenario complejo en el que se cruzan la presión internacional para que México acepte mecanismos de supervisión más estrictos y la defensa del gobierno de su soberanía y de los esfuerzos internos que asegura haber emprendido.