“La justicia debe ser cercana, clara y accesible para todas las personas”: Mariana Monroy Marín

Por: Zavianny Torres Baltazar

La impartición de justicia no consiste únicamente en aplicar la ley, sino también en escuchar, comprender y atender las circunstancias de quienes acuden a los tribunales en busca de una solución. Para la jueza de Distrito Mariana Monroy Marín, garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo a la justicia implica reconocer las condiciones de vulnerabilidad, comunicar las resoluciones con claridad y utilizar herramientas tecnológicas que permitan reducir los tiempos de respuesta.

Con una trayectoria desarrollada íntegramente en el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde sus primeros años como estudiante universitaria hasta ocupar cargos jurisdiccionales y administrativos, Monroy Marín sostiene que la función judicial requiere una visión integral que combine el rigor jurídico con la sensibilidad social.

En entrevista, la juzgadora, adscrita a un juzgado mixto en Nezahualcóyotl, Estado de México, explica cómo entiende la justicia social, qué papel desempeña el lenguaje accesible en las sentencias y de qué manera la innovación tecnológica puede acercar las instituciones a la ciudadanía. También aborda los criterios jurídicos que sustentaron una sentencia de 165 años de prisión contra dos responsables de delitos relacionados con el secuestro, caso que involucró a la actriz Irán Castillo.

¿Qué representa para usted la justicia social en el ejercicio de la función jurisdiccional?

La justicia social parte de reconocer que las personas no llegan en igualdad de condiciones ante un tribunal. Hay quienes cuentan con un abogado especializado, recursos y conocimiento del sistema, mientras que otras personas llegan sin entender siquiera qué es un juicio de amparo o por qué fueron llamadas a un proceso.

Por eso, la igualdad ante la ley no debe quedarse en el papel. Implica que quienes juzgamos asumamos una responsabilidad activa, mediante herramientas como la suplencia de la deficiencia de la queja cuando la ley lo permite, así como la aplicación de perspectivas de género, infancia, discapacidad o interculturalidad cuando el caso lo exige.

Esto no significa abandonar la imparcialidad ni resolver a favor de alguien por su condición, sino garantizar que todas las personas tengan una oportunidad real de ser escuchadas y defendidas.

En un juzgado como el de Nezahualcóyotl, esto tiene un rostro muy concreto: personas trabajadoras, familias, comunidades agrarias, personas privadas de la libertad y ciudadanos que buscan una pensión o una respuesta ante la falta de agua o de servicios de salud. Para ellas, la justicia social significa que la institución responda a tiempo, con claridad y respeto.

Usted ha señalado que impartir justicia significa escuchar, comprender y transformar la vida de quienes más lo necesitan. ¿Cómo lleva estos principios a la práctica?

Esas tres palabras describen cómo entiendo mi función.

Escuchar es reconocer que detrás de cada expediente hay una persona con una historia. Ninguna de las personas que acude a un juzgado a pedir hablar conmigo lo hace por gusto; llegan porque enfrentan un problema y buscan una solución. Por ello, lo menos que puedo hacer es atenderlas y escucharlas con empatía.

Antes de resolver, es indispensable atender lo que las partes plantean, no solamente en sus escritos, sino también en su contexto. Muchas veces, la verdadera dimensión de un asunto solo se entiende cuando se escucha a quien lo vive. Como señalaba Manuel Atienza en alguno de sus libros, si uno se queda únicamente con la regla o la norma y pierde de vista los contextos, puede emitir resoluciones que incluso resulten injustas.

Comprender significa analizar con rigor los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, pero también entender las circunstancias de las personas, su situación económica, su entorno y sus vulnerabilidades. Esto permite aplicar la ley con justicia y no de manera mecánica.

Transformar, finalmente, significa reconocer que una sentencia no es un documento más: tiene efectos reales en la vida de las personas. Puede restituir un derecho, proteger a una niña o un niño, reconocer una pensión, garantizar el acceso a la salud o poner límites a un acto arbitrario de autoridad.

Cuando una resolución está bien fundada y se cumple, transforma. Y quienes más necesitan que el Poder Judicial funcione son, precisamente, las personas en situación de vulnerabilidad. Quien tiene recursos puede encontrar otras vías; quien no los tiene, muchas veces solo cuenta con el juzgado.

¿Cómo garantiza que las personas comprendan las resoluciones judiciales que pueden afectar directamente sus vidas?

Estoy convencida de que una sentencia que la persona no entiende es una sentencia que no termina de cumplir su función.

Por eso, en mi juzgado elaboramos sentencias en formato de lectura fácil, especialmente cuando las personas involucradas lo requieren. Esto incluye a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como a quienes no tienen formación jurídica.

En ese formato explicamos con palabras sencillas y de manera directa qué se decidió, por qué se tomó esa decisión y qué sigue en el procedimiento.

Además, tengo como práctica recibir personalmente a todas las personas justiciables que solicitan hablar conmigo. Les explico el estado de su asunto con un lenguaje que puedan comprender, sin tecnicismos innecesarios.

Soy consciente de que no siempre la resolución será favorable, pero he aprendido que muchas veces lo que las personas buscan, más allá del resultado, es saber qué está pasando con su asunto, que alguien les explique y les dé certeza.

Comunicar con claridad también es una forma de respeto y de rendición de cuentas. Las personas tienen derecho a entender las decisiones que afectan su vida.

¿Qué papel desempeñan las tecnologías de la información en el acceso a la justicia?

Las tecnologías de la información han estado presentes a lo largo de toda mi vida profesional. He trabajado muy de cerca con ellas, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo, y siempre las he visto como una herramienta para acercar la justicia a las personas.

Cuando asumí mi adscripción, el juzgado a mi cargo fue el primero en Nezahualcóyotl en utilizar de manera inmediata la herramienta de interconexión para enviar y recibir oficios y comunicaciones con las autoridades del Poder Judicial del Estado de México.

Esto ha tenido un impacto directo: reduce los tiempos de comunicación entre autoridades, agiliza el trámite de los asuntos y permite que las personas obtengan respuestas más rápidas en sus juicios.

La integración del expediente electrónico también es esencial en el trabajo diario. Facilita la consulta de los asuntos, permite a las partes dar seguimiento a sus juicios sin necesidad de trasladarse, ofrece mayor transparencia y certeza al procedimiento y contribuye a una gestión más eficiente del juzgado.

Para quienes todavía no saben utilizar estas herramientas, también existe la posibilidad de acudir al juzgado para recibir orientación paso a paso sobre cómo realizar las consultas que necesitan, sin tener que trasladarse nuevamente.

La tecnología no es un fin en sí mismo. Su valor está en que la justicia sea más pronta, accesible y cercana a quienes la necesitan.

Usted estuvo a cargo de la sentencia de 165 años de prisión impuesta a dos responsables de delitos relacionados con el caso de secuestro de la actriz Irán Castillo. ¿Cuáles fueron los criterios jurídicos para determinar esa sanción?

Como juzgadora, debo ser cuidadosa al referirme a un caso concreto, por lo que me limitaré a lo que consta en la resolución.

La sentencia se sustentó en lo que quedó acreditado durante el juicio, a partir de las pruebas desahogadas. Se trató de conductas de extrema gravedad: secuestro, portación de armas de fuego, delitos contra la salud y delincuencia organizada, cometidas por un grupo organizado que privó ilegalmente de la libertad a más de una víctima.

Los criterios fueron, en esencia, tres.

El primero fue la acreditación de cada uno de los delitos y de la responsabilidad penal, conforme al estándar probatorio que exige el sistema acusatorio.

El segundo consistió en la individualización de las penas, atendiendo a la gravedad de los hechos, al grado de culpabilidad y a las circunstancias del caso, dentro de los márgenes que establece la ley.

El tercero fue la acumulación de las penas por tratarse de diversos delitos y de varias víctimas, lo que explica la magnitud de la sanción.

El secuestro es uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, porque vulnera la libertad, la integridad y la tranquilidad no solo de la víctima, sino de toda su familia. Conductas de esta naturaleza no pueden quedar impunes.

La sentencia también representa un mensaje de que el Estado responde frente a la violencia y de que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño deben ser garantizados.

A lo largo de su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, ¿cuáles considera sus principales logros?

Destacaría tres.

El primero es la implementación de la herramienta de interconexión entre el Poder Judicial de la Federación y las autoridades locales. Este mecanismo se ha desarrollado con instituciones como los poderes judiciales de los estados de México y Nayarit, además del inicio del proceso con los poderes judiciales de la Ciudad de México y Baja California.

La herramienta ha permitido agilizar la comunicación entre autoridades y, con ello, la tramitación de miles de asuntos.

El segundo es haber sido una de las precursoras en la apertura de los juzgados de Distrito especializados en Concursos Mercantiles, con jurisdicción en toda la República. Su creación representó un paso importante para brindar certeza jurídica a las empresas, los trabajadores y los acreedores en una materia técnica y de gran impacto económico.

El tercero es haber obtenido más de cien mil votos para acceder al cargo de jueza de Distrito que actualmente desempeño. Lo considero un logro, pero, sobre todo, una responsabilidad: representa la confianza de la ciudadanía y mi compromiso es corresponderla todos los días con trabajo, honestidad y cercanía.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con la ciudadanía sobre la impartición de justicia?

Agradezco sinceramente la oportunidad de compartir mi trayectoria y mi visión sobre la impartición de justicia.

También agradezco a mi familia, que ha sido mi apoyo constante a lo largo de este camino; a mis maestras y maestros, y a quienes, durante mi carrera en el Poder Judicial de la Federación, me enseñaron con su ejemplo el valor del servicio público.

De manera muy especial, agradezco a todo el equipo de trabajo del juzgado, porque ninguna sentencia, ningún avance y ningún logro serían posibles sin su compromiso diario.

Y, sobre todo, agradezco a la ciudadanía que confió en mí con su voto. Mi compromiso es seguir trabajando para que la justicia sea cercana, clara y accesible para todas las personas.