Madre que exigió justicia ante Rocío Nahle enfrenta orden de investigación
Tras lograr la vinculación de tres docentes por omisión en el abuso de su hija, la jueza Sonia Lima ordenó investigar a la madre por maltrato infantil.
Lo que comenzó como un reclamo de justicia por la agresión sexual de una menor dentro de una secundaria terminó en una presunta embestida institucional contra la madre de la víctima. Macaria, quien lleva años exigiendo castigo para los agresores y los docentes omisos, enfrenta ahora una orden judicial para ser investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el cargo de maltrato infantil.
El caso dio un giro tras la audiencia de vinculación a proceso de tres profesores imputados por omisión de cuidado. Si bien la resolución legal derivó en la vinculación de los docentes, la jueza de Control, Sonia Lima Santos, instruyó a la fiscal Laura Yesenia Rodríguez Fonseca abrir una carpeta de investigación penal en contra de Macaria y dar intervención al DIF Municipal, con el argumento de no haber detectado a tiempo el abuso que sufría su hija.
Esta medida procesal se da tras un altercado ocurrido el pasado mes de octubre en Minatitlán, cuando Macaria burló la seguridad durante un evento público para subir al presídium y desplegar una pancarta frente a la gobernadora Rocío Nahle García. Durante el incidente, la manifestante se desplomó sobre el escenario, hecho que generó molestia en la mandataria estatal y que cobró relevancia mediática.
De acuerdo con la versión de la afectada, la actuación de la juzgadora responde a una consigna política tras haber expuesto la omisión de las autoridades ante la titular del Ejecutivo estatal. Durante la diligencia, la jueza habría hecho alusiones explícitas al incidente del presídium para recriminar la conducta de la madre de familia.
Irregularidades y amenazas en el proceso
Macaria sostiene que ha enfrentado constantes trabas institucionales desde la presentación de la denuncia inicial ante las fiscalías de Coatzacoalcos y Minatitlán, como la inacción administrativa, porque, a pesar de que los docentes implicados habían sido cesados temporalmente por la Secretaría de Educación de Veracruz, la madre se enteró, a través del expediente, de que fueron reincorporados a sus funciones sin notificación legal previa a las víctimas.
La madre afirma contar con evidencias en video sobre presuntas intimidaciones por parte de mandos educativos, entre ellos el jefe de zona, identificado como profesor Herrera, así como un evento en el que quedó retenida dentro de un plantel escolar.
La jueza ha ordenado investigar a la madre y amenazó con retirarle la custodia de la menor, quien actualmente tiene 16 años, lo que ha provocado afectaciones emocionales severas en la víctima, quien responsabiliza a las autoridades del desgaste de su entorno familiar.
Ante la posibilidad de una orden de aprehensión en su contra, la defensa jurídica de la madre analiza recurrir a instancias federales e internacionales de derechos humanos, argumentando un uso faccioso del aparato de justicia para silenciar las protestas ciudadanas en la entidad.