La popularidad no garantiza la justicia: especialistas advierten implicaciones de la elección judicial en México

En un ejercicio de análisis profundo, académicos de la Universidad Panamericana  abordaron las implicaciones de la reforma judicial que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros en México, y coincidieron en que el nuevo modelo representa un riesgo significativo para la autonomía judicial y para el sistema democrático.

Guillermo Tenorio Cueto, decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, dirigió la conversación del último capítulo de “Diálogos con Visión Panamericana”. Y compartieron micrófonos los invitados: Celia Mizrahi, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana; Fernando Batista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Nueva reforma, cambios estructurales

Celia Mizrahi fue enfática al señalar que esta reforma “politiza al Poder Judicial, que es el único de los poderes de la unión que no se debe al pueblo como tal, sino a la Constitución, a las leyes, a la justicia en general”. Entre los cambios estructurales mencionó la eliminación de las salas de la Suprema Corte, la creación de un Tribunal de Disciplina con resoluciones inatacables, y la figura de los jueces sin rostro, que a su juicio representan un “hachazo al debido proceso”.

Por su parte, Fernando Batista expuso que entre los argumentos a favor de la reforma se ha mencionado la percepción ciudadana de un Poder Judicial ineficiente, opaco y corrupto, aunque alertó sobre la falta de sustento jurídico en dichas acusaciones: “A mí siempre me llamaba la atención que se llamara corruptos a algunos jueces, pero que nunca hubiera denuncias o acciones jurídicas contra ellos”.

Más adelante, Gildardo López planteó que la reforma no parte de criterios técnicos, sino políticos: “En realidad, la perspectiva técnica no es lo que priva en esta intención de reforma, sino una verdadera reforma del Estado en el sentido de que los contrapesos quedan anulados”, explicó, y agregó que México está replicando modelos ya intentados en Polonia, Hungría e Israel, donde las consecuencias fueron una erosión severa a la independencia judicial.

Independencia judicial: ¿un derecho humano?

Uno de los puntos más debatidos fue la elección popular de jueces. Para López Hernández, esta medida no generará confianza ciudadana, ya que “el juez no va a querer nunca dar una sentencia impopular, porque está buscando el voto, no la justicia”. Mizrahi complementó esta idea al advertir que “sin independencia judicial no podemos hablar de derechos humanos, ni de resoluciones justas”.

En el mismo tenor, Mizrahi recordó que la Corte Interamericana ha reconocido que la independencia judicial es también un derecho humano, aludiendo al debilitamiento del acceso a la justicia y la estabilidad de los juzgadores.

Fernando Batista reiteró que el elemento fundamental de la confianza judicial debe radicar en la competencia jurídica de los operadores, no en su carisma político: “La popularidad no garantiza la justicia de ninguna manera, eso está muy claro”, sentenció.

Además, los expertos abordaron la desconexión ciudadana con este proceso. Gildardo López sostuvo que la elección judicial es vista como un “choque de élites” y que “se ha vuelto muy difícil conocer los perfiles”, por lo que “la ciudadanía lo sigue percibiendo lejanísimo a su cotidianidad”.

La conversación concluyó con la interrogante sobre si la ciudadanía debe participar o no en esta inédita elección. Aunque las opiniones fueron diversas, los tres académicos coincidieron en que el reto más urgente es rescatar el valor técnico y ético del Poder Judicial, sin subordinarlo a intereses políticos o populares.