Juez federal vincula a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga

En su resolución la autoridad judicial resolvió la prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de cuatro meses al MPF para presentar la investigación complementaria.

Un Juez Federal hizo la vinculación por presunto responsable de defraudación fiscal, relacionado con la omisión del pago del ISR, del ejercicio fiscal 2016.
Un Juez Federal hizo la vinculación por presunto responsable de defraudación fiscal, relacionado con la omisión del pago del ISR, del ejercicio fiscal 2016.Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Un Juez Federal vinculó a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga, como presunto responsable de defraudación fiscal, relacionado con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del ejercicio fiscal 2016.

En su resolución la autoridad judicial resolvió la prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de cuatro meses al Ministerio Público Federal para presentar la investigación complementaria en contra del detenido.

Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), le cumplimentaron el mandamiento judicial correspondiente en el municipio de Benito Juárez, Cancún, en Quintana Roo.

Durante la audiencia judicial la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) presentó los elementos con los que se obtuvo la vinculación y la prisión preventiva en contra de Álvarez Puga y, se indicó que se continuará con el proceso legal y definir la situación jurídica del imputado.

Hermandad

Alejandro Mario es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es esposo de Inés Gómez Mont, pareja que enfrenta un proceso de extradición por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; pero, se precisó que ambos casos no guardan ninguna relación.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el matrimonio de Álvarez Puga y Gómez Mont presuntamente operó, a través de empresas factureras, el desvío de 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipos en prisiones federales.

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