Informe CIDH sobre Desapariciones en México: entre la crisis humanitaria y los avances institucionales reconocidos
A pesar de la magnitud de la crisis, la CIDH releva y valora una serie de esfuerzos e iniciativas estatales, emitiendo 40 recomendaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Desaparición de Personas en México", un diagnóstico sobre los avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar la crisis humanitaria de desaparición de personas desde 2018.
Al cierre del informe, en junio de 2025, la Comisión documentó más de 128 mil personas desaparecidas. Adicionalmente, el reporte señala que conteos independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado que aún no han sido identificados. La CIDH enfatiza que esta práctica genera una grave crisis de derechos humanos.
La Comisión atribuye la autoría de las desapariciones, en gran medida, al crimen organizado. Sin embargo, se destaca que las desapariciones forzadas, aquellas cometidas por funcionarios estatales, no han sido erradicadas. El informe documenta casos donde estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades de seguridad, procuración de justicia y políticas.
El fenómeno, señala, afecta de manera diferenciada a diversos grupos sociales:
Niñas, niños y adolescentes: Por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado.
Mujeres y personas LGBTIQ+: Desapariciones basadas en su género.
Personas defensoras y periodistas: Por las labores que ejercen.
Personas migrantes: Quienes son impactadas debido a las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito.
A pesar de la magnitud de la crisis, la CIDH releva y valora una serie de esfuerzos e iniciativas estatales, emitiendo 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación. Entre ellas evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y esclarecer responsabilidades estatales; implementar la búsqueda inmediata y diferenciada de personas; adoptar un enfoque masivo en la identificación humana, dada la "efectividad muy limitada" de los esfuerzos actuales; garantizar la coordinación interinstitucional, y el resguardo y entrega digna de cuerpos; y en cuanto a la memoria y la verdad, mencionan, el principal reto es la falta de entrega de información por parte de instituciones militares, lo que ralentiza el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares.
Aspectos positivos destacados por la CIDH
El informe subraya que la desaparición en México es generalizada y se encuentra fundamentalmente vinculada a la actuación del crimen organizado, aunque acotada a regiones específicas.
El informe puntualiza que México cuenta con un marco normativo e institucional importante para la atención y reparación a las víctimas de desaparición. Este marco incluye la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la regulación de la Declaración Especial de Ausencia, y programas de atención en salud física y mental.
También destaca acciones positivas adoptadas desde 2018, como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda (desde 2020), el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda, y avances en la implementación de las herramientas de búsqueda.
Menciona que existe un claro marco normativo que consagra la interseccionalidad, interculturalidad, y el enfoque de género para atender la desaparición, acompañado de protocolos específicos como el Protocolo Alba, la Alerta Amber, y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas.
Además señala que se valora positivamente la creación de la Dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada dentro de la CEAV.
La CIDH reconoce y alienta la implementación de la nueva estrategia de seguridad ciudadana (ENSP 2024-2030) orientada a la "atención a las causas" de la violencia y la articulación de acciones de seguridad en todos los niveles de gobierno.
Reconoce también que a inicios de 2025 la Presidenta Sheinbaum anunció medidas para afrontar mejor la situación e impulsó reformas en materia forense y de búsqueda. A solicitud de colectivos, se establecieron mesas de trabajo para incorporar sus aportes al debate legislativo.
La Comisión resalta la participación activa de México en mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la anuencia para visitas de observación y asistencia técnica, respuestas a solicitudes de información, y la intervención de altas autoridades en audiencias públicas. La CIDH agradece al Estado mexicano el envío de abundante información y valora su apertura al escrutinio internacional.
Se destacan los esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la “Guerra Sucia”, incluida la creación de una comisión de la verdad.
Metodología y enfoque del Informe
El informe, refiere la CIDH, es el resultado de un largo proceso de consultas en territorio con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, audiencias públicas y análisis de casos. La metodología se centra en las víctimas y sus familias, utilizando información del Estado, la sociedad civil y personas expertas, comparada con estándares internacionales.
El informe formula recomendaciones con un enfoque constructivo para que el Estado mexicano profundice sus políticas públicas tomando como referencia los estándares regionales de derechos humanos.