INE revisa candidaturas judiciales; cuestionan postulación de Bernardo Bátiz

El Consejo General del INE podría anular hasta 37 magistraturas porque los aspirantes, aun cuando obtuvieron más votos, no cumplen con el promedio en sus estudios de licenciatura y en la especialidad para la que compitieron

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Foto: Cuartoscuro

En la revisión de la elegibilidad de los ganadores de la elección judicial, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán verificar si los candidatos cumplieron con los requisitos académicos, pero también si su postulación se apegó a la Constitución.

Dentro de esta fase del proceso electoral, se perfila que el Consejo General del INE podría anular hasta 37 magistraturas porque los aspirantes, aun cuando obtuvieron más votos, no cumplen con el promedio de calificación requeridos en sus estudios de licenciatura de Derecho y en la especialidad para la que compitieron.

Sin embargo, todavía no se determinó si casos como el del magistrado Bernardo Bátiz, aspirante al Tribunal de Disciplina Judicial, serán analizados por los consejeros electorales, ante señalamientos de que su candidatura no estuvo apegada al artículo 96 de la Constitución, toda vez que compitió por ese cargo siendo magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, contando entonces con ventajas en la competencia.

Existen quejas de que Bátiz fue incluido entre los candidatos que propuso el Senado sin haberse sometido al procedimiento del Comité de Evaluación correspondiente.

Las denuncias en contra de la postulación del magistrado -que se estaría perfilando para presidir el Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará el desempeño de los juzgadores- señalan que llegó a la boleta electoral “saltándose a los comités de evaluación, un requisito constitucional”.

De acuerdo con estas quejas, el artículo 96 de la Constitución exige que todos los aspirantes a cargos del Poder Judicial deberán pasar por dichos comités, pero Bernardo Bátiz “fue nombrado mediante un atajo inconstitucional”.

Los reclamos por esa postulación se sustentan el señalamiento de que ésta habría violado tres principios: la supremacía constitucional, toda vez que el Senado ignoró el procedimiento legal; la certeza jurídica, porque al no aplicarse las reglas para todos por igual, el sistema pierde credibilidad, y la equidad, debido a que Bátiz compitió “con ventaja frente a quienes sí cumplieron los requisitos”.

De manera que ahora que los consejeros del INE se encuentran revisando la elegibilidad de los candidatos ganadores, están obligados a resolver la controversia en torno a la candidatura de Bátiz, pues ésta habría incumplido los enumerados pilares del Estado de derecho.

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