Fiscalía de Nayarit prioriza vendettas políticas de Miguel Ángel Navarro

Mientras el gobierno estatal de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, utiliza a la Fiscalía General del Estado como instrumento para venganzas personales y persecuciones políticas, esta dependencia parece relegar su verdadera responsabilidad: investigar y esclarecer los delitos.

Entre ellos, uno de los más graves y urgentes, las desapariciones forzadas, que siguen afectando a numerosas familias sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Durante la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, iniciada en septiembre de 2021, el número de personas desaparecidas en Nayarit ha mostrado un incremento significativo.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 2021 y 2024 se han registrado 225 desapariciones en la entidad. La cifra pasó de 108 casos reportados en 2021 a 225 en 2024, lo que representa un aumento del 108 por ciento durante ese periodo.

La falta de una estrategia para frenar y esclarecer las desapariciones quedo exhibida recientemente durante jornadas de búsqueda encabezadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes localizaron miles de documentos deteriorados, prendas de vestir y restos óseos almacenados en condiciones precarias dentro de tres cajas de tráiler abandonadas en el estacionamiento del complejo.

La escena resulta difícil de explicar para una institución cuya función principal es investigar delitos y preservar evidencias. Sin embargo, ahí estaban las carpetas de investigación amontonadas, ropa vinculada posiblemente a casos sin resolver y material que, llevaba tiempo sin ningún tipo de resguardo adecuado.

Las labores comenzaron a mediados de febrero de 2026, cuando diversas agrupaciones de familiares decidieron realizar revisiones dentro del complejo de la Fiscalía.

Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo “Por Nuestros Corazones”, informó que durante esas jornadas fueron localizados tres tráileres abandonados que contenían documentación relacionada con investigaciones.

“Hay tres cajas de trailers al querer remover uno, este nosotros pedimos que se abriera y nos dimos cuenta que había demasiado expedientes, demasiados expedientes a simple vista, vamos a inspeccionar esos esos expedientes, vamos a pedir que se mencionen y ver que más hay en las otras cajas que existen ahí”.

En las acciones participaron varios colectivos, entre ellos Familias Unidas por Nayarit, Buscadores Unidos de Nayarit, Por Nuestros Corazones, Búsqueda Desaparecidos Nayarit, Guerreros Buscadores Nayarit y ÁGAPE por la libertad y el respeto a la vida.

Para quienes llevan años buscando a sus familiares, el hallazgo confirmó lo que sospechaban desde hace tiempo: expedientes importantes permanecían relegados, sin seguimiento ni orden institucional.

Tras 17 días de búsqueda, el pasado 7 de marzo, los colectivos reportaron el hallazgo de restos óseos en el sitio. La Fiscalía estatal reaccionó de inmediato señalando que, de manera preliminar, los fragmentos corresponderían a fauna.

De acuerdo con la dependencia, los primeros análisis sugieren que se trata de huesos de un animal doméstico, posiblemente un perro o un gato.

La respuesta no convenció a las familias. Ante la desconfianza que existe hacia las autoridades estatales, los colectivos solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar peritajes independientes que permitan determinar con certeza el origen de los restos.

El hallazgo no ocurrió en una fosa clandestina ni en un terreno alejado. Ocurrió dentro de la propia institución que debería investigar cada desaparición. Ese detalle, por sí solo, coloca bajo una fuerte presión a la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero, que está calificada como corrupta y abandono institucional.

La búsqueda inició formalmente el 17 de febrero luego de que, en distintos procesos penales contra presuntos responsables de desapariciones forzadas, algunos detenidos declararan que entre 2011 y 2017 varias personas habrían sido torturadas y ejecutadas dentro del edificio de la Fiscalía. Esos testimonios llevaron a los colectivos a exigir inspecciones dentro del inmueble.

Lo encontrado el 5 de marzo abrió un nuevo capítulo de sospechas. Documentos apilados sin clasificación, prendas almacenadas sin cadena de custodia clara y restos óseos en condiciones inciertas. Un día después, el 6 de marzo, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda acudió al sitio para continuar con la revisión.

La fiscal estatal, Ludmila Heredia Verdugo tratando de limpiar la imagen de su gobernador, aseguró que los documentos localizados no corresponden a investigaciones recientes. También anunció una revisión interna para determinar su origen y si fueron abandonados deliberadamente para obstaculizar investigaciones.

Nayarit es un estado que arrastra años de denuncias por desapariciones forzadas, el descubrimiento de la actual administración a cargo de Miguel Ángel Navarro Quintero vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Mientras los colectivos y organizaciones civiles sostienen que el aparato estatal se involucra en disputas políticas, las investigaciones sobre personas desaparecidas avanzan con lentitud y, en muchos casos, simplemente se estancan.

La imagen de expedientes abandonados en contenedores metálicos dentro de la Fiscalía resume una crisis institucional que va más allá de un error administrativo. Refleja una estructura incapaz de garantizar orden, transparencia y seguimiento a casos que afectan directamente a cientos de familias.

Mientras tanto, las madres, padres y hermanos de personas desaparecidas siguen recorriendo oficinas, terrenos y ahora incluso instalaciones oficiales en busca de pistas.

Paradójicamente, en Nayarit los colectivos continúan encontrando indicios donde el Estado debería haber investigado desde el principio. Y cada caja olvidada dentro de la Fiscalía parece confirmar lo que muchas familias repiten desde hace años: El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero utiliza a la Fiscalía estatal para sus venganzas personales y políticas dejando a un lado a los desaparecidos.