Filtran videos de funcionarias disparando con armas; municipio lo niega
La subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo y la secretaria particular de la presidenta municipal fueron evidenciadas.
Un video difundido en redes sociales desató una fuerte controversia en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, luego de que en las imágenes se observa a dos mujeres realizando disparos al aire con armas de fuego durante los festejos de Año Nuevo, presuntamente desde un contexto festivo y sin medidas de seguridad visibles.
Las grabaciones, que circularon ampliamente en plataformas digitales antes de ser eliminadas, generaron una ola de críticas ciudadanas y encendieron alertas entre autoridades estatales, al tratarse de presuntas funcionarias municipales accionando armas largas y cortas, lo que podría configurar delitos de carácter federal o estatal, dependiendo del tipo de armamento utilizado.
Funcionarias señaladas en los videos
En uno de los videos, usuarios en redes sociales identificaron a Esmeralda Pizarro Mendívil, quien se desempeña como subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo, presuntamente realizando disparos con un arma larga de alto poder.
En otro material audiovisual, se observa a una mujer que habría sido identificada como Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la presidenta municipal, quien presuntamente efectúa disparos al aire con un arma corta.
Ambos metrajes habrían sido publicados originalmente en cuentas personales y posteriormente retirados de redes sociales, sin que hasta el momento se aclare el contexto exacto ni la legalidad de la posesión de las armas.
Fiscalía de Chihuahua analiza posible delito
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que agentes del Ministerio Público ya analizan los videos, realizan peritajes digitales y evalúan si las armas utilizadas corresponden a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De confirmarse esta hipótesis, las personas involucradas podrían enfrentar responsabilidades penales conforme a la legislación vigente en Chihuahua, independientemente de su cargo público.
Reacciones políticas y exigencias de aclaración
El caso también provocó reacciones en el ámbito político. Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI en Chihuahua, pidió públicamente a las autoridades municipales de Guadalupe y Calvo pronunciarse con claridad sobre los videos.
Señaló que, si los hechos son reales, deberá aclararse bajo qué carácter se poseían las armas, si existían permisos legales y si se incurrió en abuso de funciones o violaciones a la ley.
En el mismo sentido, la Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano en Guadalupe y Calvo exigió una explicación pública a la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, al considerar que los presuntos disparos captados en video resultan preocupantes y requieren una respuesta institucional inmediata.
Postura oficial del Gobierno Municipal
Ante la difusión del caso, el Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo emitió un posicionamiento oficial, en el que niega categóricamente que las funcionarias señaladas sean las personas que aparecen en los videos.
La administración municipal calificó la información como falsa, asegurando que se trata de una estrategia de desinformación impulsada por sectores de oposición, con el objetivo de dañar políticamente a un gobierno cercano a la ciudadanía.
Asimismo, el Ayuntamiento rechazó cualquier intento de atribuir responsabilidades sin sustento, defendió la honra y reputación de su personal, y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades de procuración de justicia, a fin de que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho.
Investigación en curso
Mientras la Fiscalía General del Estado continúa con el análisis técnico y jurídico de los videos, el caso mantiene la atención pública, en un contexto donde el uso de armas de fuego, la responsabilidad de servidores públicos y la difusión de contenido en redes sociales vuelven a colocarse en el centro del debate en Chihuahua.
La investigación determinará si los hechos constituyen un delito o si, como sostiene el gobierno municipal, se trata de material manipulado o mal atribuido. Por ahora, el tema sigue generando indignación, cuestionamientos y exigencias de transparencia.
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