‘FGR determinará si hay responsabilidad’: Sheinbaum sobre Gertz en caso ‘Jando’
“El elemento central de lo que hemos planteado es que si hubo participación de elementos de Estados Unidos en la entrega”, dijo la presidenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existe alguna responsabilidad del exfiscal Alejandro Gertz Manero en la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto “N”, alias "El Jando", identificado por las autoridades como el presunto piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en junio de 2024.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que corresponde exclusivamente al Ministerio Público esclarecer cualquier posible omisión o responsabilidad derivada de este expediente.
Tiene que revisarlo la Fiscalía. Si hay alguna responsabilidad, lo tiene que determinar la Fiscalía", declaró Sheinbaum.
Sheinbaum respalda el comunicado emitido por la FGR
La titular del Ejecutivo recordó que la FGR difundió un comunicado en el que explicó la cronología del caso y precisó que las investigaciones sobre "El Jando" continúan abiertas, pese a que el presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum señaló que el ahora procesado fue interrogado en México conforme al marco jurídico vigente antes de su entrega y que durante esas diligencias negó pertenecer a una organización criminal.
Están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder ir a conocer una nueva declaración, hay esa posibilidad en los Estados Unidos", explicó la Presidenta.
El eje del caso sigue siendo la presunta participación de EU
La mandataria insistió en que el punto central de las investigaciones para el Gobierno de México continúa siendo esclarecer si autoridades estadounidenses participaron directamente en territorio mexicano durante la operación que culminó con la llegada de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.
"El elemento central de lo que hemos planteado es que si hubo participación de elementos de Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes", puntualizó.
FGR sostiene que las investigaciones siguen abiertas
En el comunicado difundido por la Fiscalía, la institución explicó que Mauro Alberto “N”, también identificado inicialmente como Alejandro “N”, fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Durante ese operativo murió un militar y cinco más resultaron lesionados.
La Fiscalía detalló que el detenido proporcionó una identidad distinta al momento de su captura, pero posteriormente peritajes de voz, huellas dactilares y otras pruebas científicas permitieron establecer su verdadera identidad.
"El Jando" fue considerado un objetivo de alto riesgo
De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto "N" fue vinculado a proceso por diversos delitos y señalado como un presunto integrante con alto nivel operativo dentro del Cártel de Sinaloa, razón por la que fue clasificado como un objetivo de riesgo para la seguridad nacional.
Aunque durante los interrogatorios negó cualquier vínculo con la organización criminal, la dependencia indicó que las investigaciones continuaron.
En agosto de 2025, el imputado fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
La Fiscalía informó que fue hasta junio de 2026, ya con la actual administración de la institución, cuando un nuevo análisis de las carpetas de investigación permitió encontrar coincidencias en peritajes de voz y huellas dactilares que lo relacionan con el piloto que habría trasladado el 26 de junio de 2024 a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México, Estados Unidos.
La dependencia subrayó que la entrega del imputado a las autoridades estadounidenses no cancela las investigaciones en México, ya que conserva grabaciones, entrevistas, dictámenes periciales y demás evidencias integradas en las carpetas de investigación, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de cooperación jurídica internacional.