FGE confirma red de despojo inmobiliario en Veracruz; caen primeros implicados
Lograron la detención y vinculación a proceso del abogado Salvador Matías “N” por fraude procesal y despojo de una vivienda en Xalapa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció la existencia de una red dedicada al despojo de bienes inmuebles en Veracruz, identificada públicamente como el “Cártel Inmobiliario”, en la que estarían involucrados abogados litigantes, notarios públicos, jueces y funcionarios judiciales, así como servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y personal de Catastro.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que las denuncias por estos hechos se encuentran abiertas en diversas áreas de la institución, debido al perfil de las personas señaladas. Las carpetas de investigación están distribuidas entre la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Fiscalía Regional, donde se atienden casos relacionados con abogados litigantes.
“Aquí no va a haber impunidad, sea quien sea y se encuentre en la dependencia que sea”, advirtió la fiscal.
Como resultado de estas investigaciones, la Fiscalía detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del abogado Salvador Matías “N”, señalado como probable responsable del delito de fraude procesal en agravio de dos víctimas. El caso está relacionado con el despojo de una vivienda en esta capital.
Jiménez Aguirre explicó que este expediente es uno de los primeros que ya fueron judicializados y forma parte de una estrategia para avanzar en la restitución de bienes y el combate a redes de fraude patrimonial.
“Son de los primeros que estamos teniendo ya judicializados. Tenemos varias carpetas integradas y varias audiencias iniciales ya solicitadas”, señaló.
La fiscal detalló que, por tratarse de delitos patrimoniales como el fraude procesal, la Fiscalía suele solicitar la imputación en libertad, citando a las personas investigadas. Sin embargo, advirtió que quienes no acudan a las citaciones podrían enfrentar órdenes de aprehensión, al considerarse que se resisten a comparecer ante la autoridad.
“Si la persona citada no viene, eso nos da pie a que, una vez agotadas las medidas, se genere una orden de aprehensión. Es un medio de conducción ante el juez de control”, explicó.
Aunque no proporcionó una cifra exacta, señaló que las carpetas de investigación están distribuidas en distintas fiscalías y que todas se encuentran en integración prioritaria.
La fiscal recordó que las denuncias no se limitan a Xalapa. En la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales existen expedientes de otros municipios, donde se han judicializado casos contra notarios públicos, incluido uno de la región Orizaba-Córdoba, donde recientemente se ejecutó una orden de aprehensión.