Hay que decirlo sin eufemismos: Morena está construyendo, ley tras ley y mañanera tras mañanera, un andamiaje para que en México cada vez sea más difícil cuestionar al poder. No es una exageración; es un patrón que se repite todos los días frente a nuestros ojos.
La mañanera es quizá su expresión más evidente. Dos horas y media de transmisión financiadas con recursos públicos, de las cuales apenas unos minutos se destinan a informar sobre economía, seguridad, salud o educación, y aun esos datos suelen presentarse con cifras maquilladas y, en algunos casos, falsos. El resto del tiempo se utiliza para señalar, descalificar y exhibir a periodistas, empresarios, organizaciones civiles y opositores que no repiten el discurso oficial y que opinan diferente.
Cuando se cuestiona que los medios afines al gobierno actúan como voceros del régimen, la respuesta ha sido de una sencillez tan cínica como preocupante: “Si no les gusta, no los vean”. Esa misma lógica pretende justificar el uso faccioso de medios públicos, como el Canal 22, que ha dejado de ser un espacio para la cultura y se convirtió en un canal de propaganda partidista, así como el Canal 11, que siempre fue imparcial y tenía en su programación a todas las voces, fuesen a favor o críticas al gobierno; hoy son matraqueros de la 4T y se basan en descalificaciones contra quien piensa distinto.
Conviene recordarlo: esos medios pertenecen a todos los mexicanos, no al partido en el gobierno, se paga con nuestros impuestos.
Mientras la atención pública se concentra en el espectáculo cotidiano, avanza lo verdaderamente preocupante. Mientras Morena regresa a 1959, como pasó en Cuba, pretende regular no sólo los medios, sino las redes sociales, y ningún mexicano podría ser crítico o tener libertad de expresión, a diferencia de los países desarrollados, como Francia, Reino Unido, entre otros, que respetan la democracia y la libertad de expresión; el debate en esas naciones está en la protección a los menores en el uso y manejo de las redes sociales. La triste realidad para los mexicanos con la ley de derechos a audiencias es evitar que los medios sigan vinculando a Morena y al gobierno federal con el crimen organizado.
El doble rasero resulta evidente. Mientras se persigue políticamente con acusaciones falsas a líderes de la oposición e incluso se les detiene y se les manda a un penal de alta seguridad sin ni una sola prueba, por otro lado se minimizan o ignoran los señalamientos contra gobernadores morenistas vinculados públicamente con presuntas estructuras del crimen organizado. Los casos de Rocha Moya, en Sinaloa; Américo Villarreal, en Tamaulipas; Marina del Pilar Ávila, en Baja California, y Alfredo Bedolla en Michoacán, por mencionar solamente a algunos; no debemos olvidar que a Marina del Pilar, además, se le señala por, presuntamente, haber compartido información sensible de seguridad nacional en negociaciones con autoridades estadunidenses y volverse una doble agente, prácticamente una informante de Estados Unidos.
En cambio, basta un señalamiento contra un opositor con décadas de trayectoria sin ningún señalamiento de corrupción para dedicarle horas de exposición pública y convertirlo, sin una sola prueba presentada con seriedad, en el enemigo del día y detenerlo en un penal de máxima seguridad, cuando, al mismo tiempo, quien ha sido denunciado por muchos mexicanos y ahora por Estados Unidos de ser parte de un cártel del crimen organizado baila el danzón en un lugar público en Sinaloa sin que nadie lo moleste.
Hay episodios que retratan con crudeza las prioridades del poder. En Veracruz, una periodista fue levantada por policías municipales y posteriormente asesinada. Ese mismo día, la gobernadora encabezaba un acto para bautizar una escuela con su propio nombre y en la mañanera el asesinato prácticamente no existió. El silencio institucional frente al homicidio de una comunicadora dice mucho más que cualquier discurso sobre el supuesto compromiso gubernamental con la libertad de expresión.
La estrategia tampoco es nueva. Se parece al libreto aplicado durante décadas por regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que durante un largo periodo concentraron el poder, desacreditaron a la prensa crítica, borraron por completo la libertad de expresión e incluso presentaron cualquier cuestionamiento como un ataque contra la nación. El discurso cambia de forma, pero el objetivo permanece: eliminar los contrapesos democráticos.
México no es Cuba ni Venezuela ni Nicaragua, pero para que nunca llegue a serlo no basta con indignarse cuando el daño ya está hecho. La sociedad civil, la prensa independiente y todos los ciudadanos comprometidos con la democracia debemos defender hoy las libertades que distinguen a un país libre. Muchas veces los mexicanos lo dejan pasar porque están concentrados en su día a día, pero es momento de alzar la voz por la defensa de nuestros derechos, de las libertades, pero, sobre todo, de las familias mexicanas.