Extorsión, talón de Aquiles de administración de Jara; inseguridad en Oaxaca
De acuerdo con la ENVIPE 2026 del Inegi, 94.8% de los delitos en el estado queda en la cifra negra; la extorsión se posiciona como el ilícito con mayor incidencia, mientras el 72.2% de la población percibe la entidad como insegura
El delito de extorsión en Oaxaca ha rebasado el discurso de seguridad del gobierno de Salomón Jara Cruz: se trata de un ilícito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia, cuyas investigaciones suelen permanecer sin resolver y que alimenta una percepción de inseguridad que alcanza a 7 de cada 10 habitantes.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Inegi, muestran una dimensión de la delincuencia que difícilmente aparece en las estadísticas construidas únicamente con denuncias ministeriales. La encuesta mide los delitos ocurridos durante 2025 y la percepción de seguridad de la población durante 2026.
El muro de la impunidad
94.8 % de los delitos cometidos en 2025 no se denunciaron o no generaron carpeta de investigación.
5.2 % de los delitos deriva formalmente en una investigación iniciada.
7.8 % es la proporción total de delitos que los ciudadanos acuden a denunciar.
59.6 % de las investigaciones abiertas se quedan archivadas o en trámite.
El dato más delicado para la administración de Jara Cruz está en la llamada cifra negra. En Oaxaca, únicamente se denunció 7.8% de los delitos ocurridos durante 2025 y sólo en el equivalente a 5.2% del total de ilícitos se abrió una carpeta de investigación. El resultado: 94.8% de los delitos quedó sin denuncia o sin una investigación formal iniciada.
Durante 2025 se estimaron 10 mil 927 extorsiones por cada 100 mil habitantes, una tasa superior a la registrada para el fraude, con 7 mil 155 casos, y al robo o asalto en vía pública o transporte, con 4 mil 614.
En otras palabras, el delito que más afecta a los oaxaqueños es precisamente uno de los que menos posibilidades tiene de quedar reflejado en las estadísticas ministeriales cuando las víctimas deciden guardar silencio.
El fenómeno alcanza directamente a los hogares. La ENVIPE estima que el 27.5% de las familias oaxaqueñas sufrió al menos un delito durante 2025, lo que representa más de 343 mil hogares. La tasa general alcanzó 34 mil 691 delitos por cada 100 mil habitantes.
La falta de denuncias tampoco puede explicarse únicamente por apatía ciudadana. Entre quienes decidieron no acudir ante las autoridades, 54.2% atribuyó su decisión a factores relacionados con las propias instituciones, entre ellos pérdida de tiempo, trámites complicados, desconfianza y temor a ser extorsionados por funcionarios.
Incluso cuando la víctima cruza la puerta del Ministerio Público, el panorama no necesariamente mejora. De las investigaciones iniciadas, 59.6% permanecía archivada o en trámite, sin una resolución concreta, según los datos difundidos a partir de la encuesta.
Las cifras contrastan con la narrativa que durante meses ha sostenido el gobierno de la llamada “Primavera Oaxaqueña”. En junio pasado, Jara Cruz aseguró que Oaxaca se consolidaba como el quinto estado con menor incidencia delictiva y atribuyó ese resultado a una reducción de 32% en los delitos registrados.
Dos meses después, su administración volvió a destacar resultados positivos en materia de seguridad y afirmó que 13 de 15 delitos de impacto presentaban disminuciones.