La extorsión, riesgo sistémico y reputacional para las empresas

En México solemos medir la inseguridad en cifras como homicidios, robos o carpetas de investigación. Sin embargo, el delito de la extorsión crece silenciosamente, rara vez se denuncia y está reconfigurando decisiones empresariales de inversión y operación. La cifra negra de la extorsión alcanza el 97 %, la más alta entre los delitos, lo que vuelve invisible una parte central del problema y distorsiona la percepción pública del riesgo.

Hoy la extorsión es un riesgo sistémico para las empresas, particularmente para las pequeñas y medianas, pero también para grandes corporativos, cadenas logísticas y sectores completos. Erosiona recursos, tiempo, tranquilidad, capacidad de decisión y empuja operaciones hacia esquemas defensivos, un efecto que pocas veces se incorpora en el análisis económico.

Cada semana conocemos historias que no siempre llegan a los titulares. Empresarios que pagan para poder operar, comercios que reducen horarios, proyectos que se cancelan antes de iniciar y otros que terminan migrando a la informalidad o abandonando una región. El impacto real de la extorsión se refleja en la inversión que no llega, en los empleos que no se generan y en el miedo que se normaliza.

El fenómeno, además, está mutando en su forma. La última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas ya apuntaba esta evolución, la victimización de negocios muestra un desplazamiento hacia modalidades directas, en la calle, en el establecimiento o en dinámicas de cobro de piso, por encima de la extorsión telefónica. Y cuando el delito se vuelve presencial, la capacidad de presión aumenta, el costo de resistir se eleva y la probabilidad de un pago forzado crece.

Hay otro ángulo que empieza a ser aún más delicado y que no hemos dimensionado del todo, la extorsión como riesgo reputacional. En un entorno hiperconectado, una empresa puede ser atacada por dos vías simultáneas, la extracción criminal de recursos y la destrucción acelerada de confianza. En términos empresariales, equivale a un choque en el flujo de efectivo y en el activo intangible que sostiene relaciones con clientes, proveedores, financiadores y talento.

La amenaza puede acompañarse de un video, una fotografía manipulada, una denuncia falsa en redes sociales o una filtración dirigida. En cuestión de horas, una marca puede verse envuelta en una crisis que afecta a clientes, proveedores, instituciones financieras y colaboradores. El daño no siempre es inmediato en lo económico, pero suele ser profundo y duradero. En el nuevo mapa de riesgos, la reputación colapsa más rápido que cualquier plan de contingencia mal preparado y, cuando eso ocurre, el costo de recuperación puede superar al costo original del incidente.

Conviene subrayarlo, la seguridad ya no es únicamente un tema operativo. No se reduce a guardias, cámaras o protocolos básicos, sino que requiere inteligencia, prevención, análisis de riesgos, manejo de crisis y coordinación institucional. Supone asumir que la reputación de una empresa es uno de sus activos más valiosos y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables, pues puede ser atacada con instrumentos digitales, campañas de desinformación y acusaciones fabricadas que circulan más rápido que cualquier resolución formal.

Desde la perspectiva empresarial, este cambio exige una transformación cultural. La seguridad no puede seguir viéndose como un gasto inevitable ni como un tema que se delega por completo. Debe formar parte de la estrategia, del Consejo de Administración y de los planes de continuidad del negocio. Hoy la seguridad es un componente central de la gobernanza corporativa.

México necesita empresas fuertes, responsables y comprometidas que puedan operar en un entorno donde el Estado de Derecho sea una realidad cotidiana. Combatir la extorsión demanda coordinación más profunda entre autoridades y sector privado, esquemas de denuncia protegida, inteligencia financiera y profesionalización constante de quienes participan en la prevención y protección.

Reconocer los esfuerzos institucionales es importante, así como la nueva Ley Nacional contra la Extorsión. El problema es que el delito permanece oculto en la mayoría de los casos y la política pública se diseña con información incompleta. Para enfrentar ese hecho, se requiere una aplicación efectiva y mecanismos sólidos de denuncia y protección que den confianza a las empresas.

El reto que tenemos enfrente es enorme. Normalizar la extorsión equivale a aceptar un impuesto ilegal que frena el desarrollo del país, castiga a quienes cumplen y fortalece a quienes operan al margen de la ley. Enfrentarla con decisión, visión y corresponsabilidad puede marcar la diferencia entre un México que se repliega por miedo y otro que avanza con confianza. La extorsión es, en esencia, un ataque a la economía formal y a su capacidad de invertir, crecer y sostener empleos.

Cuando una empresa cierra, no pierde solo el empresario. Pierde la comunidad que se queda sin empleo, la cadena productiva que se rompe, el territorio que se vacía de inversión y, en última instancia, pierde el país.