Señalan cadena de omisiones tras muerte del periodista Alejandro Leyva
En varias ocasiones, el periodista informó que ni la FGR ni la Fiscalía de Oaxaca respondieron a su petición de protección
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) denunció la cadena de omisiones en que incurrieron la Fiscalía General del Estado (FGEO), Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas durante casi un año, a partir de la petición de intervención por las amenazas que recibió el comunicador Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio, en el municipio conurbado de San Pablo Etla.
Elizabeth Lara Rodríguez, titular del organismo autónomo rechazó que la Defensoría haya desestimado su trabajo de acompañar y seguir la queja presentada por el periodista, por primera vez en julio del 2025 y otras más que le sucedieron.
En rueda de prensa, donde repartió culpas y evitó referirse al autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, como periodista al llamarlo “señor”, reconoció que las amenazas que este recibía a través de sus redes “no se advirtió la presencia o participación de servidores públicos, porque las amenazas provenían de cuentas no oficiales, sino de particulares”.
Con el apoyo de material gráfico, presentó una relatoría de las cinco ocasiones que solicitó la intervención de la FGEO en la implementación de medidas de protección para Leyva, las tres gestiones ante el Mecanismo Federal de Protección y los peticiones ante la FGR.
Según la defensora, tiene pruebas de que la Fiscalía perdió una de las carpetas de investigación remitidas por su similar federal.
En varias ocasiones, el periodista informó al organismo que ni la FGR ni la Fiscalía de Oaxaca se habían comunicado con él para notificarle las determinaciones ante su petición de protección a su persona.
Durante su exposición de poco más de una hora, Lara Rodríguez dijo que, durante el primer contacto con el profesionista, en julio 2025, no abrió inicialmente un expediente de queja, sino un cuaderno de antecedentes, además de que esa ocasión el peticionario no demandó protección para evitar "ser vigilado".
Dijo que después de un mes, en agosto de 2025 se determinó no continuar con la investigación al considerar que “las amenazas provenían de particulares y portales digitales no oficiales”.
También informó que pidió a la FGEO explicar por qué no fueron otorgadas las medidas solicitadas, además de requerir información sobre el avance de la carpeta, los delitos investigados y las personas involucradas
Adelantó que personal de la DDHPO acudirá a revisar directamente el expediente ministerial, justificó que parte de esta información no se había hecho pública "debido a la protección de los datos personales de la víctima y a la necesidad de contar con autorización de sus familiares".