Como efecto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el reino saudita ha sufrido sacudidas graves en virtud de su alianza con Washington. No sólo ha sido objeto de ataques iraníes contra su territorio, sino que ha visto afectada la exportación de sus energéticos debido al cierre del estrecho de Ormuz, vigente desde hace cinco meses. A ello se han sumado en días recientes más problemas: una renovación de su añeja confrontación militar con los hutíes de Yemen, y la amenaza de éstos de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, con lo que el paso hacia el mar Rojo quedaría intransitable.
De ahí que el régimen de Muhamad bin Salman (MBS) haya anunciado la creación de una coalición militar multinacional bajo su mando para contrarrestar las intenciones de los hutíes. Riad ha invitado a cerca de 50 naciones a conformar esa coalición y, por lo pronto, 14 países ya han aceptado, y se está a la espera de que EU y naciones europeas accedan a incorporarse. Hay aún dudas acerca de si el Comando Central Norteamericano en la zona, cuyas fuerzas militares están concentradas en el frente iraní colaborarán, ya que al parecer la prioridad de Washington en términos del despliegue de su fuerza militar sigue siendo dicho frente.
Mientras tanto, el reciente anuncio del gobierno de Trump de estar dispuesto a permitir y colaborar en el desarrollo nuclear de Arabia con fines civiles que causó tanto revuelo la semana pasada, ha quedado pendiente por ahora. Trump exige a cambio a MBS normalizar relaciones con Israel, pero el monarca sigue sosteniendo su negativa a ello mientras el gobierno israelí de Netanyahu no emprenda el compromiso de encarar con seriedad el tema de la autodeterminación del pueblo palestino, demanda respecto a la cual el premier israelí, que enfrentará dentro de tres meses elecciones en las que estará en juego su permanencia en el poder, sostiene una absoluta negativa. Es decir, el asunto se halla en un verdadero callejón sin salida.
Por otra parte, quien también parece estar en un callejón sin salida, es la oposición política interna en Turquía, país gobernado con mano de hierro por el presidente Erdogan, por cierto muy apreciado por Trump, no obstante su carácter autócrata fuertemente consolidado tras el fallido golpe de Estado de 2016 a partir del cual la represión contra la disidencia y la crítica se volvió más que brutal, concentrando absolutamente el poder y demoliendo las instituciones y las libertades que hacían posible el funcionamiento más o menos democrático de esa nación.
Ahora, ante las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para 2028, pero que podrían adelantarse, la policía ha iniciado una cacería de figuras de la oposición en prevención de cualquier pérdida de espacios para el oficialismo. Acaban de ser arrestadas 52 personas en nueve provincias bajo acusaciones de corrupción, entre ellas el alcalde de oposición de Etimesgut, un distrito de la capital. De hecho, desde marzo de 2025 y bajo los mismos cargos, se aprehendió al popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, el político de oposición que se preveía podía suceder a Erdogan en las siguientes elecciones.
Como cualquier régimen de raíz populista transfigurado en autocracia, Turquía ha hecho del encarcelamiento o de la brutal eliminación de quienes disienten o le estorban, su modus operandi. Miles de presos políticos –periodistas, intelectuales, activistas y estudiantes– se pudren en las mazmorras del sistema penitenciario turco. A pesar de ser país miembro de la OTAN y haber estado cerca de integrarse a la Unión Europea a fines del siglo XX, la regresión impulsada por Erdogan durante la última década en todo lo concerniente a vida democrática, derechos humanos, igualdad de género, libertad de expresión y respeto a las minorías, coloca hoy a Turquía muy por debajo de lo que con su enorme potencial podría alcanzar en términos de progreso y buena calidad de vida para la mayoría de su población.