Termina una semana más y, en el balance de los asuntos que abarcaron el debate nacional, es inevitable mencionar dos impulsados directamente desde el gobierno, concretamente en la mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum: una serie de lineamientos, actualmente en proceso de consulta, dirigidos a proteger los derechos de las audiencias de los medios de comunicación, y el desarrollo de una propuesta, también sujeta al debate público, para abordar el uso problemático y excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.
En torno a ambos temas, como era de esperarse, aunque no deje de ser despreciable, la derecha ha descargado una batería injustificada de falsedades con el único afán de enturbiar la discusión pública y generar pánico entre la ciudadanía.
Aprovecharé este espacio para ahondar en el segundo asunto. Sin embargo, frente a las escandalosas acusaciones sobre el primero, es necesario aclarar que no se trata de lineamientos definitivos. La propuesta permanece abierta a la participación ciudadana y uno de sus principales objetivos, además de brindar herramientas de defensa ante posibles vulneraciones de derechos, es establecer con claridad la diferencia entre noticia, opinión y pauta publicitaria.
Sobre las infancias, la tecnología y la educación, basta con tener un poco de conciencia para reconocer la magnitud del problema que enfrentan las sociedades modernas. Contrario a lo que algunos pretenden hacer creer por interés político, no es una cuestión de bandera ideológica o partidaria. En todo el mundo, gobiernos y sociedades de distinto origen están construyendo soluciones para proteger a las infancias frente a la anarquía tecnológica que ha imperado hasta hoy. Pero hablemos de evidencia.
La prueba más clara está en los salones de clase. De acuerdo con PISA 2022, tres de cada diez estudiantes reconocieron distraerse con dispositivos digitales durante la mayoría de sus clases de matemáticas. El problema no afecta únicamente a quien utiliza el teléfono, pues seis de cada diez alumnos señalaron que el uso de dispositivos por parte de sus compañeros también desviaba su atención.
La UNESCO también ha advertido que el uso excesivo o inadecuado de estas tecnologías puede afectar la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Asimismo, ha puesto el foco en los riesgos del ciberacoso y el abuso en línea para niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el mismo organismo, la respuesta internacional ha sido cada vez más amplia. Mientras que en 2023 sólo 24% de los sistemas educativos tenía restricciones al uso de celulares en las escuelas, para marzo de 2026 ya eran 114, equivalentes al 58% de los países del mundo.
Las políticas implementadas hasta ahora, además, han rebasado las fronteras ideológicas. El gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y exigirá mecanismos efectivos de verificación de edad. Australia, bajo un gobierno laborista, ya adoptó ese límite. Francia ha profundizado las restricciones al uso de teléfonos en las escuelas y Reino Unido ha avanzado en la misma dirección bajo gobiernos conservadores y socialdemócratas.
Nadie que hable en serio puede afirmar que esto implica declararle la guerra a la tecnología. Las herramientas digitales pueden enriquecer la educación y ampliar el acceso al conocimiento. Eso no está en discusión. Pero una cosa es emplearlas con fines pedagógicos y otra dejar a las nuevas generaciones expuestas sin límites a plataformas diseñadas por algunas de las empresas más poderosas del planeta.
En el debate que se anuncia para el presente y el futuro inmediato habrá que abordar edades, límites, contextos sociales, responsabilidades de las plataformas y posibles excepciones. Lo que ya no resulta defendible es la inacción. Regular con evidencia y escuchar a especialistas, docentes, familias y jóvenes no implica censura ni retroceso. Por el contrario, significa reconocer que el Estado también tiene la obligación de proteger a las nuevas generaciones en el espacio digital.