El infierno de las desapariciones; la cifra se triplicó en un año en Guanajuato, según expertos

IRAPUATO.

Están sus rostros en las centrales de autobuses. Están también en plazas públicas. En postes de alumbrado. En paraderos y camiones del transporte público. Están también en redes sociales. Los desaparecidos de Guanajuato están dejando de ser invisibles y organizaciones no gubernamentales calculan que más de 2 mil 100 personas desaparecieron únicamente en el año 2019.

Autoridades de Guanajuato aseguran que en todo 2019 solamente desaparecieron 11 personas, cuando en Julio de 2018, la Fiscalía General del Estado reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Registro Nacional de Personas Desaparecidas 618 casos.

De acuerdo con José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo A Tu Encuentro, la respuesta de la autoridad de justicia termina siendo más política que de una institución que se dedica a la investigación y a impartir justicia.

“Es más una postura de una Fiscalía que protege más intereses políticos que de las víctimas. Su respuesta ha obedecido a nada que tiene que ver con las víctimas. No creemos que la Fiscalía esté protegiendo delincuentes, no tengo la información para hacer esa aseveración, pero sí se mete a favor de lo que los políticos necesitan, hacer creer que la situación es de paz en el estado”.

José Gutiérrez dijo que si el trabajo de investigación se hace de acuerdo a los protocolos, puede tenerse esperanza en resolver gran parte de los casos. Aunque se requiere de la voluntad de la Fiscalía General del Estado.

Además, dijo, se sabe que muchos de los desaparecidos siguen vivos, pero son víctimas de trata de personas e incluso esclavitud: “Hay gente que está viva y hace falta voluntad para recobrarla”.

El activista pro derechos humanos Raymundo Sandoval ilustró que en Guanajuato existen varias agrupaciones de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, algunos de San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón, entre otros, y es triste que el Gobernador de Guanajuato no haya querido recibirlos, al menos, para darles aliento y mostrarles su solidaridad.

“Detrás de la solicitud de las familias lo único que hay es dolor y revictimización institucional. Para los colectivos, principalmente mujeres, cada minuto es vital, “estamos muertas en vida”, “nosotras evitamos estas fiestas decembrinas” y lo más urgente y necesario es reconocer la crisis y comenzar a atenderla, porque como dijo una de ellas en la mesa, la desaparición es también un crimen de lesa humanidad”, refirió Raymundo Sandoval.

De acuerdo con Fabrizio Lorusso, catedrático de la Universidad Iberoamericana de León y activista pro derechos humanos, el diagnóstico del caso Guanajuato en materia de desapariciones forzadas es desalentador.

El investigador Fabrizio Lorusso denunció que datos obtenidos vía la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (oficio 558/2019, folio 02686819 del 21 de octubre de 2019) y cifras asentadas en otra petición ciudadana (oficio 526/2019, folio 02534319 del 4 de octubre de 2019), en Guanajuato hay dos mil 098 personas desaparecidas, denunciadas en el fuero común, al 30 de septiembre de 2019.

“El total sube a dos mil 104 personas, si se agregan las seis personas desaparecidas, denunciadas en el fuero federal, que, al 30 de abril de 2018, estaban registradas en el RNPED, el hoy extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Fabrizio Lorusso destacó que estas dos mil 104 personas que permanecen desaparecidas al 30 de septiembre representan más del triple de las que fueron registradas en el RNPED hace un año y medio, cuando se habían contabilizado 621.

Según el activista, Guanajuato es uno de los estados que reiteradamente se ha negado a reconocer la presencia en su territorio de fosas comunes o individuales con restos humanos.

“Pregunté sobre la presencia de todo tipo de entierro ilegal y la respuesta, en el folio 02686819, fue que no hay ninguna ‘fosa clandestina’, pero sí hay registro de 20 cadáveres enterrados en el estado, de 2015 al 30 de septiembre de 2019. Sin embargo, independientemente del nombre técnico que se le quiera dar, ya sea fosa común, fosa individual, clandestina, entierro, o entierro de superficie, los medios de comunicación entre 2016 y 2019 han reportado el hallazgo de hasta 68 cuerpos y de varios espacios con uno o más restos abandonados”.

Todo esto, dijo, en al menos ocho localidades. En el municipio de Villagrán, en El Conejo; en Irapuato, en San Antonio Calichar; en el municipio de Apaseo el Alto, en Tenango El Nuevo; Apaseo el Grande, en Santa Anita, la comunidad de León. En el municipio de Acámbaro, en el Cerro El Toro, y en la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya.

El investigador explicó que la nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas (forzada y por particulares) y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2017; da pautas para los tres niveles de gobierno y uniforma la legislación vigente en todas las entidades del país. Sin embargo, en Guanajuato la ley no se ha suscrito ya que los diputados no se han reunido con los familiares de las víctimas.

El Artículo 27 de la misma ley estipula que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

En su Artículo 34 la ley especifica que “incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”.

“Se trata de crímenes y violaciones múltiples a los derechos humanos de tipo permanente o continuo que se persiguen de oficio y son imprescriptibles”, agregó Fabrizio Lorusso.

Los testimonios de los familiares de las personas que han desaparecido son aterradores, y lo menos, es de un sentimiento de profunda tristeza. Algunos demuestran furia, impotencia, y otros más, incluso, ya hablan de conexiones místicas con sus desaparecidos a través de médiums o hasta de sueños, en donde les indican que ya han muerto, y que busquen la paz.

De esta manera Excélsior entrevistó a integrantes de familias de personas desaparecidas que contaron sus historias.

Anexo se la tragó

María Cristina Torres Sánchez tenía 22 años de edad cuando desapareció el 10 de marzo de 2017 en León.

Había sido internada en un anexo para rehabilitarse por supuesto consumo de drogas, a pesar de que ella se había titulado como enfermera. Se trata del anexo Nuevo Amanecer, en la colonia Los Fresnos.

“Se me hace indignante que las autoridades de justicia no investigaron a fondo a esas personas, a los responsables del anexo, porque ellos dicen que rompió el vidrio de una ventana, se descolgó con unas sábanas del segundo piso, brincó una barda con protección de alambre de púas y escapó. Eso es inverosímil. Yo tengo dudas. Muchas. Yo creo que alguien la sacó de ahí y por si fuera poco, la Fiscalía me pide a mí pistas sobre mi hija, ayuda”, reclamó con decepción la madre de María Cristina.

La noche engulló a Javier

Francisco Javier Reséndiz Salas, de 22 años de edad, desapareció el 4 de Marzo de 2019. Salió de su casa ese día, a las 7 de la noche en la Tercera Sección de Las Huertas, en Irapuato, y nunca más se volvió a saber de él.

Su madre ha suplicado a las autoridades de justicia por la aparición del joven, quien trabajaba como albañil.

“Yo no sabía qué hacer y fue hasta un par de días después que puse la denuncia. No sé qué le haya pasado”, dijo su mamá.