Tierra o cárcel: el miedo de los ejidatarios de la costa de Nayarit

En la franja turística de Nayarit, donde un metro de tierra frente al mar puede valer miles de dólares más que una parcela completa tierra adentro, la propiedad dejó de ser únicamente un patrimonio. Para varios ejidatarios se convirtió en una amenaza que los ha llevado a prisión.

Siete comunidades agrarias denuncian que el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero utiliza a la Fiscalía estatal, al Fideicomiso Bahía de Banderas y a operadores judiciales para obligarlos a entregar predios que sus familias ocupan desde hace décadas.

La advertencia se repite con distintas formas: ceder los derechos o enfrentar una carpeta penal que los lleva a prisión, con detenciones por elementos de la Fiscalía estatal por "órdenes de los de arriba", pasándose por "el arco del triunfo las leyes" y los derechos humanos de las víctimas.

Grupo Imagen recabó testimonios de campesinos, comerciantes y familiares de personas sometidas a procesos penales en distintos puntos del corredor turístico de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit. Las entrevistas se realizaron en Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y Compostela, así como entre personas relacionadas con los recientes conflictos registrados en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita.

Todos los entrevistados solicitaron mantener su identidad bajo reserva. Algunos permanecieron en prisión, mientras que otros aseguran haber recibido advertencias de policías y funcionarios sobre posibles detenciones si hacen públicas sus denuncias. Ante el temor de represalias, los nombres utilizados en este reportaje fueron sustituidos para proteger su seguridad y la de sus familias.

Apolinio Guzmán Franco conserva documentos agrarios que, afirma, acreditan la posesión familiar de un predio en Rincón de Guayabitos desde hace más de 60 años. El terreno tiene vista al mar, árboles frutales y viviendas antiguas. Su padre, relata, fue detenido tres veces.

En cada ocasión le exigieron ceder las tierras. Recuperó la libertad después de que las autoridades no pudieron demostrar que la familia hubiera sido indemnizada.

El episodio más grave ocurrió el 17 de abril de 2026. Poco después de las dos de la tarde, más de 20 policías y personal relacionado con el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) ingresaron al predio.

La familia sostiene que no mostraron orden de cateo, mandamiento de captura ni autorización escrita. Cuatro personas fueron detenidas: dos hermanos, un joven de 19 años y un trabajador.

Durante varias horas, los familiares no supieron dónde estaban. Apolinio Guzmán Franco asegura que no aparecieron oportunamente en el registro de detenciones y que los abogados no pudieron entrevistarse con ellos. También denuncia que dos presentaban lesiones asentadas en la carpeta. Permanecieron cerca de tres meses privados de la libertad, hasta que resoluciones federales les permitieron seguir el proceso en libertad.

La Fiscalía de Nayarit presentó otra versión. La fiscal general, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que las cuatro personas fueron acusadas de despojo, amenazas y agresiones. Sostuvo que el terreno, de unas 10 hectáreas, pertenece al FIBBA, que una construcción era reciente y que los detenidos reaccionaron de forma violenta durante una inspección.

Añadió que las constancias de posesión no sustituyen las escrituras y planteó un posible fraude. La propiedad y la legalidad del operativo siguen en disputa, a pesar de que Grupo Imagen comprobó que la construcción tiene más de 30 años de haber sido edificada.

Este conflicto parte de un expediente con más de medio siglo. El decreto publicado en 1970 expropió 4 mil 136 hectáreas de ocho ejidos nayaritas: La Jarretadera, Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca, Sayulita, Peñita de Jaltemba, Las Varas y El Capomo.

La reforma de 1973 mantuvo el fideicomiso y estableció que los campesinos debían recibir indemnizaciones, utilidades y ganancias del desarrollo turístico. Los entrevistados aseguran que en siete de esos núcleos hay familias que nunca recibieron el pago completo y conservaron la posesión.

Los ejidatarios alegan que la expropiación no concluyó para quienes no fueron indemnizados. El gobierno estatal sostiene que recupera bienes públicos vendidos, transferidos u ocupados irregularmente; incluso, se han atrevido a declarar que son predios producto del crimen organizado.

Bajo el nombre de "Megaoperativo Nuevo Nayarit", la administración de Navarro Quintero y autoridades federales informaron en noviembre de 2025 la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados, con un valor estimado de 50 mil millones de pesos.

La investigación oficial apunta a operaciones presuntamente fraudulentas de gobiernos anteriores; sin embargo, la explicación no resuelve la situación de familias que presentan certificados agrarios, constancias antiguas, viviendas, cultivos y décadas de ocupación.

Tampoco explica por qué algunos procedimientos civiles o agrarios terminan convertidos en acusaciones penales y prisión preventiva. Los testimonios describen un patrón: llegan funcionarios o policías, se desconoce la validez de los documentos y se abre una carpeta por despojo contra quienes están dentro del predio.

José Ponce, campesino de La Peñita de Jaltemba, dice que vive escondido. Su familia llegó a poseer cerca de 25 hectáreas; ahora, calcula, le quedan unas 10. Afirmó que su casa permanece vigilada y evita acercarse por miedo a ser detenido. Niega cualquier relación con grupos criminales y muestra documentos que atribuye a la dotación original del ejido. "No nos quieren pagar. Pedimos que delimiten y reconozcan la propiedad".

Ramón Maldonado, ejidatario, conoce otro caso. Una vivienda fue derribada de madrugada mientras una familia se encontraba dentro. Días después, cuenta, el propietario de un tractor fue llevado a Tepic. Salió el mismo día, pero sus familiares no localizaron una carpeta que explicara la detención. "La gente prefiere callarse. Dicen que vale más la vida".

El temor también alcanza a productores que dependen de pequeñas huertas. Manuel González, agricultor de piña y guanábana, recuerda que su padre rechazó una indemnización porque era inferior a lo que obtenía en una cosecha de plátano.

La familia permaneció en la parcela y hoy pide diálogo. "Nos quitan la fuente de trabajo. Nadie nos ha llamado para revisar documentos; todo ha sido presión".

Los predios costeros tienen un valor que explica la intensidad del litigio. Un ejidatario estima que en zonas hoteleras el metro cuadrado se comercializa entre 2 mil y 2 mil 500 dólares. Para una familia campesina, una fracción heredada representa vivienda e ingreso. Para un desarrollo inmobiliario, la misma superficie puede significar cientos de millones de pesos.

El gobierno estatal sostiene que no despoja a campesinos, sino que recupera patrimonio público obtenido ilegalmente por exfuncionarios y particulares. La investigación incluye bienes, cuentas y notarías vinculadas con gobiernos anteriores.

Esa ofensiva anticorrupción debe investigarse. Pero ningún objetivo de saneamiento patrimonial autoriza detenciones sin control judicial, incomunicación, lesiones, amenazas o el uso del proceso penal como instrumento de negociación. Cada señalamiento exige pruebas y una revisión independiente.

Desde diciembre de 2025, los ejidatarios han documentado denuncias similares de propietarios, empresarios y abogados, quienes señalan el uso de carpetas de investigación, aseguramientos de bienes y prisión preventiva como mecanismos para intervenir inmuebles considerados dentro de la estrategia patrimonial del gobierno estatal.

Las autoridades rechazan que estas acciones constituyan despojos y aseguran que su propósito es recuperar bienes pertenecientes al patrimonio público. En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que quienes consideren haber sido víctimas de abusos pueden promover juicios de amparo o presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, los afectados sostienen que, en Nayarit, esa vía de defensa carece de garantías, debido a la injerencia directa del Poder Ejecutivo estatal en las decisiones de algunos jueces locales.

Para los ejidatarios, esa ruta es insuficiente si las autoridades estatales controlan la investigación inicial, ejecutan los operativos y solicitan medidas cautelares que pueden mantenerlos meses en prisión. La demanda es concreta: que una instancia federal revise predio por predio, determine quién fue indemnizado, confronte certificados agrarios, escrituras, decretos y resoluciones judiciales, y separe las adquisiciones fraudulentas de los derechos legítimos. También piden garantías para declarar sin ser detenidos.

En Bahía de Banderas y la costa de Compostela, la disputa ya no se mide solo en hectáreas. Se mide en casas vacías, cosechas perdidas, familias separadas y voces que hablan con nombres prestados.

Mientras el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero presenta estas acciones como parte de una ofensiva contra la corrupción y la recuperación del patrimonio público, los ejidatarios denuncian una realidad distinta: la de un aparato estatal que convierte los conflictos por la propiedad de la tierra en procesos penales, amenazas y encarcelamientos.

Para los afectados, la disyuntiva es directa: entregar sus predios o arriesgar la libertad. Aseguran que algunas de esas tierras terminan en manos de inversionistas extranjeros, mediante operaciones realizadas en efectivo y en dólares, un señalamiento que, hasta ahora, exige una investigación independiente y transparente.