Desmienten carácter de 'ley espía' en reformas de telecomunicaciones

En entrevista durante el programa Ya Cierra con Yuriria Sierra de Imagen Radio, José Antonio Peña Merino, ‘Pepe Merino’, director de la Agencia de Transformación Digital, abordó las recientes reformas en materia de telecomunicaciones aprobadas por el Congreso, desmintiendo la percepción de que constituyen una "ley espía".

Pepe Merino explicó que la confusión se centra en el artículo 183 de la nueva ley, el cual establece que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con las instancias de seguridad y justicia en la localización geográfica en tiempo real de equipos terminales. Sin embargo, enfatizó que esta colaboración está sujeta a los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que requiere la autorización de un juez para cualquier geolocalización.

Esta redacción no cambió y está vigente desde 2014", señaló, subrayando que la idea de ubicar un dispositivo sin autorización judicial es falsa.

Respecto al tema de la posesión de datos de usuarios de telefonía celular por parte del gobierno, Pepe Merino aclaró que la ley solo solicita a los operadores que, para la activación de una línea, el titular presente una identificación oficial con CURP. Mencionó que esta información es capturada y resguardada por los operadores, no por el gobierno, y no se crea un registro de celulares.

Agregó que las autoridades sólo tendrán acceso a esta información en el contexto de una investigación y con la aprobación de un juez.

No se crea ningún registro de usuarios celulares, simplemente los operadores capturan, resguardan la información y se acabó", afirmó Peña Merino.

El funcionario destacó que las reformas buscan democratizar el acceso a internet y llevar conectividad a los 16 millones de mexicanos que actualmente carecen de ella. Esto, según Merino, es fundamental para el ejercicio de múltiples derechos, como el acceso a la información, la educación y la cultura.

Finalmente, Merino aseguró que la ley contempla mecanismos legales para evitar cualquier uso político o arbitrario de la reforma, ya que las autoridades solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido y cualquier violación a la privacidad será debidamente perseguida y castigada.

JCS