Madres buscadoras en Nayarit exhiben crisis de seguridad y fallas institucionales
Entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2026 se registraron 154 desapariciones en Nayarit, un incremento del 227% respecto al mismo periodo de 2022.
Nayarit enfrenta una crisis de desapariciones que, lejos de contenerse durante la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha mantenido una tendencia al alza y ha colocado bajo escrutinio a las instituciones encargadas de investigar y proteger a las familias.
Los registros disponibles muestran un deterioro preocupante. Entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2022 se contabilizaron 47 desapariciones; en el mismo periodo de 2026, la cifra llegó a 154, un incremento de 227 por ciento. En 2025 se registraron 320 casos y Tepic concentró 125.
Pero detrás de las estadísticas hay otro problema: las madres buscadoras denuncian amenazas, falta de protección y obstáculos institucionales mientras realizan tareas que corresponden al Estado.
Virginia Garay Cázares, fundadora del colectivo Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros, lleva más de ocho años buscando a su hijo Bryan Eduardo Arias Garay, desaparecido el 6 de febrero de 2018 en Tepic. Según su testimonio, un amigo le informó que una patrulla lo detuvo y lo subió a la unidad. Desde entonces no volvió a saberse de él.
La madre asegura que durante años ha solicitado bitácoras y diligencias que, afirma, no han sido entregadas o siguen pendientes. También sostiene que existen cateos pendientes desde 2018, pese a que el caso cuenta con una acción urgente de Naciones Unidas y resoluciones legales favorables.
El señalamiento más grave va más allá. Garay Cázares asegura haber recibido amenazas de muerte y advertencias para que abandone las búsquedas y deje de denunciar irregularidades. Afirma que las intimidaciones fueron denunciadas, pero considera insuficientes las medidas de protección recibidas.
Su testimonio retrata una realidad incómoda para el gobierno estatal: familias que recorren cárceles, centros de rehabilitación, servicios médicos forenses y zonas de búsqueda con recursos propios, mientras cuestionan la respuesta de las instituciones responsables de acompañarlas.
Los colectivos también han señalado presunta participación de elementos de seguridad en algunos casos recientes. Esos señalamientos no equivalen a una sentencia ni permiten responsabilizar de manera general a las corporaciones actuales. Sin embargo, obligan al gobierno de Navarro a esclarecer cada denuncia e identificar a los agentes involucrados.
Nayarit arrastra además una herencia grave. Entre 2011 y 2017 se documentaron desapariciones forzadas vinculadas con servidores públicos y una estructura criminal enquistada en la Fiscalía estatal. Ese periodo antecede al gobierno de Navarro, pero su administración recibió el rezago de expedientes y la identificación de restos.
El problema es que, casi cinco años después del inicio del actual sexenio, las desapariciones no muestran una reducción sostenida. La crisis no puede explicarse únicamente como herencia del pasado cuando siguen apareciendo nuevos reportes y las familias continúan denunciando amenazas, omisiones y falta de resultados.
Para las madres buscadoras, la ausencia de respuestas se mide en años. Para el gobierno estatal, el reto no es solo presentar operativos o reformas legales, sino demostrar que las instituciones pueden encontrar a los desaparecidos, proteger a quienes los buscan y esclarecer cualquier posible participación de servidores públicos.
Mientras eso no ocurra, cada nueva ficha de búsqueda profundiza una deuda que en Nayarit ya no puede reducirse a cifras: es una crisis de seguridad, justicia y confianza pública.