El acordado aterrizaje en México de Betssy Chávez, la mañana del viernes, puso fin a la crisis política de tres años y medio con Perú. Digo política, pues ni los mexicanos dejaron de ir a Perú ni los peruanos de venir. El pleito fue nimio en lo económico, dado que las compras y ventas con ese país significan 0.2% del comercio exterior mexicano. Betssy era primera ministra del gobierno del presidente Pedro Castillo, que en 2021 derrotó a Keiko Fujimori por una diferencia de 44 mil votos, de los 17.5 millones emitidos. Pese al estrecho margen, buscó imponer un radical programa de izquierda. El Congreso inconforme perfiló su destitución –algo no extraño en Perú: cinco destituciones y dos renuncias presidenciales en el siglo–. Castillo anunció en diciembre de 2022 que disolvería el Congreso, “reorganizaría” el Poder Judicial e impondría el toque de queda. Un autogolpe de Estado. Ningún poder lo secundó. Consciente del fracaso, trató de refugiarse en la embajada de México en Lima. Lo detuvieron antes de llegar y, desde entonces, está en la cárcel. Betssy corrió con suerte: se refugió en la embajada, alcanzó el asilo y ahora el exilio. El gobierno de Perú, encabezado hoy por Keiko Fujimori, advirtió que el restablecimiento de relaciones no le quita el derecho de solicitar su eventual extradición. La presidenta Sheinbaum aseguró que el nuevo momento diplomático no implica que se deje de “defender al presidente Castillo” –así lo llamó–, quien, no se olvide, intentó hacerse de un control absoluto que los votos no le concedieron. Asunto que no importó en 2022, tiempos de López Obrador. Tampoco ahora. La 4T tiene fascinación por esos personajes.