La evidencia más perturbadora de 12 años de investigaciones sobre Ayotzinapa no es sólo el destino de los 43 estudiantes, sino la existencia de una operación de Estado para desaparecer la verdad. La detención del exgobernador Ángel Aguirre puede abrir una grieta al muro de impunidad, pero también exhibe conspiraciones de la justicia que siempre lo tuvo a su alcance. El caso Iguala es, sobre todo, la historia de una investigación manipulada desde el poder. Tres sexenios, varias fiscalías, una Comisión de la Verdad, el GIEI y múltiples investigaciones no han roto el círculo de encubrimientos, omisiones y fabricación de versiones sobre el paradero de los normalistas. La llamada “verdad histórica” terminó convertida en el símbolo de una maquinación de la justicia para cerrar prematuramente el caso.
La fiscal Ernestina Godoy ahora anuncia la apertura de una nueva línea de investigación que desde hace años está a la mano de la justicia y que su antecesor, Gertz Manero, nunca quiso abrir: la responsabilidad del gobierno estatal, directamente del exgobernador Aguirre en el crimen. La acusación introduce una novedad relevante: Aguirre pasa de testigo a imputado por delitos graves de obstrucción a la justicia y la desaparición de personas. El expediente señala ocultamiento o destrucción “dolosa” de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
La pregunta inevitable es por qué esa línea permaneció cerrada tanto tiempo. La responsabilidad del gobierno estatal nunca fue un misterio para las familias de las víctimas ni para las investigaciones independientes. El GIEI señaló que autoridades estatales y municipales conocieron en tiempo real lo que ocurría aquella noche; así como la manipulación y ocultamiento de información que permitió fabricar la versión oficial.
Pero Aguirre representa algo más que un exgobernador caído. Es un ejemplo de la capacidad de supervivencia de las élites políticas que atraviesan gobiernos y partidos sin perder sus redes de protección. Gobernó Guerrero dos veces, primero por el PRI y después con el PRD/MC, fue aliado de Peña Nieto y de López Obrador. Tras renunciar en 2014, bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones, consiguió mantenerse fuera del alcance de la justicia más de una década. Su permanencia en la política local ilustra la cartelización de los partidos: organizaciones que compiten electoralmente, pero que comparten redes, intereses y mecanismos de protección.
No fueron los reclamos de las familias, ni denuncias que desde el principio exigieron investigar a Aguirre, lo que finalmente lo llevó a prisión. Tampoco bastaron los hallazgos del GIEI ni las conclusiones de la CoVAJ. La justicia parece avanzar sólo hasta donde no compromete a quienes tiene capacidad para proteger; incluso con posiciones contrarias a la víctimas, como la del reciente informe de la CNDH que trata de exculpar a militares también señalados en el caso. Cada nueva versión oficial y cada intento de cierre prematuro deja intacta la pregunta fundamental: quién (s) ordenó, ejecutó y permitió que la verdad fuera enterrada junto con las pruebas.
La situación de Aguirre comenzó a cambiar hace un año, cuando recibió un desaire público de Sheinbaum. El resguardo lo abandonaba: dos antiguos colaboradores habrían decidido declarar como testigos protegidos y señalar su participación en la destrucción de evidencias. Sin embargo, se tendrá que reunir pruebas suficientes para demostrar una obstrucción dolosa de la justicia y su responsabilidad en la desaparición de personas. Ahí estará el reto para la Fiscalía. Si Aguirre es sólo el siguiente nombre en la lista, Ayotzinapa seguirá atrapado en el mismo laberinto. Si su detención conduce a quienes ordenaron ocultar, destruir o fabricar pruebas, entonces podría comenzar a romperse el pacto de silencio que ha protegido durante 12 años a los responsables.
Su encarcelamiento abre, además, un nuevo frente político rumbo a 2027. Pero esa consecuencia electoral debería ser secundaria. Después de 12 años, la única batalla que importa es conseguir que los desaparecidos dejen de ser una cifra utilizada por la política y vuelvan a ser lo que siempre debieron ser: una deuda pendiente de la justicia mexicana.