Denuncian presunta red de extorsión y cobros indebidos en área de Materiales Educativos de la SEP

Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hicieron llegar a diversos medios de comunicación una denuncia documentada en la que acusan a Marx Arriaga, extitular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), y a su entonces director de Desarrollo e Innovación, Sady Arturo Loaiza Escalona, de presuntos actos de corrupción, abuso de poder y extorsión.

De acuerdo con el escrito, los denunciantes afirman que desde oficinas de la DGME se solicitaban depósitos bancarios por diversas cantidades, en algunos casos hasta 38 mil pesos, como condición para obtener o conservar un puesto de trabajo.

Según los testimonios, los pagos eran justificados como parte de una supuesta “lucha” o “proyecto”, y se les indicaba realizar los depósitos bajo el argumento de que “donde manda capitán no gobierna marinero”.

Los trabajadores aseguran contar con copias de comprobantes de depósitos y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que presuntamente Loaiza y personas de su confianza solicitaban dinero. Acusan que, si no cumplían con los pagos, eran amenazados con la baja laboral o con no recibir el puesto solicitado.

En la denuncia, que ya fue presentada ante el Órgano Interno de Control de la SEP, también se acusa a ambos funcionarios de confabularse para realizar actos de corrupción y de ejercer violencia verbal y laboral contra quienes se negaban a entregar dinero o cuestionaban las instrucciones recibidas. Según el documento, quienes no se alineaban eran señalados como “neoliberales”, aislados de sus funciones habituales o enviados a laborar a bodegas fuera de la ciudad.

Los denunciantes sostienen que algunos trabajadores que sí realizaron los pagos perdieron posteriormente su empleo tras la salida de Loaiza en medio de las indagaciones internas. Además, acusan que se les obligaba a realizar tareas fuera de norma e incluso a regresar parte de sus ingresos al área administrativa.

En el documento también se menciona a presuntos “aviadores” y se señala que las prácticas descritas habrían provocado afectaciones físicas, mentales y financieras a varios servidores públicos.

“Qué bueno que se vaya a hacer ‘su lucha’ a la calle, pero sin nuestro dinero”, expresan los denunciantes en el escrito, donde advierten que, pese a las amenazas, estarían dispuestos a hacer públicas sus identidades si fuera necesario.

Hasta el momento, las personas señaladas no han emitido una postura pública respecto a las acusaciones.

jcp