Defraudan sistema contra la corrupción; ventilan caso

Desde los ámbitos Ejecutivo y Legislativo, integrantes del oficialismo aseguran que el Sistema Nacional Anticorrupción es un fracaso, al grado de que en su interior al corrupción, pues uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, José Rafael Martínez Puón, falta a las reglas al cobrar en el Sistema 98 mil pesos mensuales y en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) otros 50 mil pesos al mes, a pesar de tenerlo prohibido.

De acuerdo con documentos dados a Excélsior por funcionarios y legisladores federales de Morena, Martínez Puón sí cobra en ambas instancias, a pesar de que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se lo prohíbe.

El artículo 16 de la ley dice que “los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva”, pero los comprobantes de cobro de Martínez Puón demuestra que recibe un salario quincenal en el INAP, como director en la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental.

Ayer, Excélsior informó que el Sistema está en agonía, porque la omisión del Senado para integrar la Comisión de Selección ha dejado con sólo tres de los cinco integrantes al Comité de Participación Ciudadana, que es la columna vertebral del Sistema, y a partir del 28 de enero, que vence el cargo de Vania Pérez, actual presidenta del Sistema, se quedará sólo con dos y, por lo tanto, ya no podrá realizar su trabajo.

Consultados sobre las razones que tiene el oficialismo para orillar a la inactividad del Sistema Nacional Anticorrupción, funcionarios del gobierno y legisladores federales explicaron, fuera de grabación, que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la estructura correcta para ocuparse del tema, pero además, desde hace meses han detectado diversas irregularidades en el interior del Comité de Participación Ciudadana.

Compartieron algunos de los documentos que tienen en su poder que demuestran algunas de esas irregularidades.

Tienen los comprobantes del pago quincenal que el INAP le ha dado a José Rafael Martínez Puón en los últimos años, que demuestra que en octubre de este 2025, por ejemplo, recibió un salario bruto de 113 mil 588.08 pesos, en razón de 56 mil 794.04 pesos de percepciones totales brutas; después de impuestos y otros descuentos, incluido el pago de un crédito del ISSSTE, recibió un total neto mensual de 69 mil 154.14 pesos, por tener una plaza de director, identificada con la clave K11, en la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental.

Pero también existe el contrato por honorarios firmado para todo el 2025, para que desempeñe el trabajo de integrante del Comité de Participación Ciudadana.

“CUARTA.- ‘LA ENTIDAD’ cubrirá a ‘EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS’, por concepto de honorarios, un monto bruto de $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N) (IVA incluido) por cada mes del ejercicio 2025, siempre a mes vencido. El total de 12 pagos durante el ejercicio 2025 corresponde a un total bruto de $1,176,000.00 (un millón ciento setenta y seis mil pesos 00/100 M.N)”, dice una de las cláusulas del contrato por honorarios profesionales para que se desempeñe como vigilante de que no se realicen actos de corrupción en todas las instituciones federales.

La última vez que el Senado integró la Comisión de Selección fue el 10 de diciembre del 2020 para un periodo legal de tres años, pero el 18 de septiembre del 2021 renunció uno de los integrantes, por lo que se quedó con ocho de los nueve integrantes que debe tener.

Aunque el Senado emitió la convocatoria para suplirlo y durante tres meses su Comisión Anticorrupción desarrolló el proceso para suplir esa ausencia, el pleno jamás concretó la elección.

cva