Escala polémica en Veracruz por prohibición de cuotas escolares voluntarias
La diputada local Elizabeth Morales (PT) y la Asociación Nacional de Padres de Familia urgieron a no condicionar el acceso a las aulas de más de 2 millones de estudiantes este 31 de agosto.
XALAPA, Ver.– En Veracruz hay polémica por las inscripciones a educación básica y el cobro de cuotas escolares, pues, si bien la Constitución establece que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria, los planteles enfrentan necesidades de mantenimiento que cada ciclo escolar se negocian entre los integrantes de las asociaciones de padres de familia. Esa tensión —entre la gratuidad y los gastos cotidianos— detonó un conflicto que hoy escala a nivel estatal.
A nivel estatal ya hay una advertencia de “prohibir” el cobro de cualquier tipo de cuota escolar, pero esto choca con el ingreso económico que las organizaciones de padres esperan recibir para apoyar en temas de mantenimiento, limpieza, servicio telefónico y/o internet y energía eléctrica.
La diputada local Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, respaldó la instrucción oficial de prohibir cuotas e inscripciones condicionadas en todos los planteles. “Que ningún niño ni ninguna niña se vea limitado en su derecho constitucional de tener acceso a la educación gratuita”, afirmó junto con representantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia.
La legisladora reconoció que el regreso a clases implica un gasto significativo para las familias veracruzanas: las listas de útiles escolares oscilan entre 500 y 4 mil 500 pesos, y más de 2 millones de estudiantes volverán a las aulas este 31 de agosto.
En ese contexto, los padres de familia denunciaron que persisten cobros indebidos, condicionamientos y exigencias disfrazadas de “aportaciones”, especialmente en zonas serranas y municipios con menor capacidad económica.
La Asociación Nacional de Padres de Familia reiteró que la ley permite aportaciones voluntarias, no cuotas obligatorias, y que estas deben ser administradas exclusivamente por las mesas directivas, no por directores. También señalaron que las aportaciones pueden ser en efectivo o en especie y deben ser proporcionales a la capacidad económica de cada familia.
El debate se amplió al funcionamiento cotidiano de las escuelas: sanitarios descompuestos, falta de papel higiénico, insumos para niñas en etapa de cambios biológicos y reparaciones urgentes. “Las necesidades son más allá de la infraestructura”, expusieron los padres, quienes recordaron que históricamente han cubierto emergencias con recursos propios o mediante ingresos de las tienditas escolares, cuya administración —denunciaron— carece de transparencia.
Morales García destacó que una reciente reforma estatal permitirá que escuelas sin escrituras reciban recursos públicos mientras avanzan en su regularización, lo que busca aliviar la carga sobre los padres. Sin embargo, la distribución de libros de texto abrió otro frente: ayuntamientos como el de Xalapa registran retrasos, pese a que la entrega es una obligación constitucional de la Secretaría de Educación.
Con el ciclo escolar a punto de iniciar, el gobierno estatal, el PT y las asociaciones de padres coinciden en que la gratuidad debe ser garantizada y cualquier apoyo económico debe ser voluntario, transparente y sin afectar el derecho de niñas y niños a ingresar a la escuela.