A raíz de las escandalosas declaraciones del dictador Daniel Ortega, dónde cantaba la “muerte” a las elecciones en Nicaragua, la semana pasada, la OEA decidió convocar a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para pronunciarse sobre la situación política de esa nación centroamericana.
La resolución obtuvo el respaldo de 29 naciones, pero encontró dos posiciones discordantes dentro del bloque regional: Brasil votó en contra, mientras México optó por abstenerse. Aunque utilizaron argumentos diferentes, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum coincidieron en rechazar la convocatoria impulsada dentro de la organización continental.
El trasfondo de la resolución es la preocupación por el rumbo institucional de Nicaragua y por la posibilidad de que el gobierno de Ortega y Murillo avance contra la celebración de elecciones presidenciales y legislativas.
La iniciativa, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, contó con el apoyo unánime de todos los miembros de la OEA, salvo Brasil y México. El objetivo de la resolución era asegurar que la democracia siga viva en el continente.
México se abstuvo de votar al considerar que la situación que enfrenta el país centroamericano, propiciada por su presidente, Daniel Ortega, no representaba una amenaza a la paz o la seguridad del hemisferio.
La postura fue consistente con el discurso público de la Presidenta Sheinbaum quien ha reiterado que la “autodeterminación de los pueblos” es la guía inamovible de la política exterior.
Como ha sucedido desde 2018, cuando López Obrador accedió al poder, México decidió abstenerse ante el “temor” de que abrir espacios para plantear acciones concretas podrían exceder las facultades de la OEA. Bajo esta óptica, la resolución podría ser incompatible con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias.
Al final, la decisión de la OEA ratificó lo que todos sabemos: en Nicaragua ya no existe democracia representativa. Una dictadura cruda y represora ha tomado las riendas del país. La futura reunión de Cancilleres buscará generar acciones específicas que ayuden al sufrido pueblo nicaragüense a retomar la vía democrática a través de las elecciones.
Más allá del lenguaje diplomático, el objetivo central de la gran mayoría de los miembros de la OEA sigue siendo claro: contribuir al restablecimiento de la democracia representativa en Nicaragua, con pleno respeto de los derechos humanos y las garantías fundamentales.
No podemos olvidar que en julio pasado, Ortega amenazó que el país no volvería a tener elecciones para evitar que opositores, denominados por él mismo como “traidores a la patria” capturaran al gobierno nuevamente a través de la realización de comicios. Días después, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, informó que a inicios de septiembre se prevé la aprobación de una reforma constitucional que excluya a opositores en la elección.
BALANCE
La decisión de la OEA, de convocar a una reunión de cancilleres para proponer acciones concretas en favor de la restauración de comicios libres y justos, colocó nuevamente a Brasil y México en una posición diferenciada respecto de la mayoría del bloque, en un asunto que involucra directamente la defensa de la democracia y la institucionalidad en la región.
El mensaje político es ominoso. Ante la presión, México y Brasil prefirieron ser complacientes con el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Con su decisión, ambas naciones le dieron la espalda a los nicaragüenses, dejando claro que pesan más las consideraciones ideológicas que el respeto a los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana.