El fin de semana dejó una noticia que, de no ser por la gravedad de lo que representa, habría parecido un mal chiste político. Rubén Rocha Moya regresó al gobierno de Sinaloa y, apenas 33 horas después, volvió a irse tras solicitar una licencia indefinida. Su fugaz retorno terminó exhibiendo el tamaño del problema político que representa para Morena y para el gobierno federal.
La reacción del oficialismo fue inmediata. Desde Palacio Nacional, comenzaron los deslindes; en el Congreso aparecieron las críticas y quienes durante meses habían cerrado filas con el gobernador, empezaron a tomar distancia.
La contradicción es evidente. Durante meses, Morena sostuvo que no existían pruebas contra Rocha Moya, que los señalamientos debían demostrarse y que las acusaciones formaban parte de una campaña política. Mientras que defenderlo tuvo un costo manejable, el gobernador no estuvo solo. En la Cámara de Diputados fue arropado por figuras como Ricardo Monreal, mientras legisladores lo rodeaban entre aplausos y al grito de “¡No estás solo!”. También recibió el respaldo público de gobernadores de Morena, quienes firmaron un desplegado para cerrar filas en torno a él.
Pero bastó con que anunciara su regreso para que ese respaldo comenzara a desmoronarse. La Presidenta afirmó que no tenía conocimiento previo de su decisión; Morena señaló que el movimiento no había sido consultado y algunos de sus propios compañeros le pidieron reconsiderarlo. En cuestión de horas, el gobernador que había sido defendido durante meses, se convirtió en una carga política de la que el oficialismo quiso tomar distancia.
Ahí está la parte más preocupante. Si realmente nadie en Palacio Nacional sabía que Rocha Moya preparaba su regreso, la falta de control dentro del gobierno es evidente. Un gobernador pudo retomar el poder y provocar una crisis política nacional sin que la Presidenta de la República estuviera enterada.
Y si, por el contrario, sí lo sabían y el deslinde apareció únicamente cuando comenzaron las críticas, entonces el escenario es todavía más grave: estaríamos ante una decisión política calculada para dejar que el costo lo asumiera el gobernador cuando la presión se volvió insostenible.
El problema para Claudia Sheinbaum trasciende a Rocha Moya. La crisis de Sinaloa vuelve a poner bajo los reflectores los señalamientos y denuncias que distintos actores han formulado contra otros integrantes de Morena y gobiernos estatales. También obliga a preguntar hasta dónde llega el conocimiento y el control del gobierno federal sobre lo que ocurre en los estados.
A esto se suma el caso de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, luego de que se difundiera información sobre el uso de aviones privados y gastos millonarios en vuelos, hechos que contrastan con el discurso de austeridad que Morena ha convertido en una de sus banderas.
Mientras tanto, Sinaloa continúa atrapado en una crisis de violencia e incertidumbre. Los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de un gobierno incapaz de ofrecer la estabilidad que debería ser su primera obligación.
El regreso de Rocha Moya duró apenas 33 horas, pero fue suficiente para exhibir tres cosas: a un gobernador que todavía se siente con fuerza para volver al poder, a un partido que intentó desmarcarse cuando defenderlo dejó de ser rentable y a un gobierno federal que, según su propia versión, se enteró de la decisión cuando los hechos ya estaban consumados.
Y ahí está el verdadero problema.
Porque si la Presidenta no sabía, alguien más está tomando decisiones de enorme trascendencia dentro del gobierno. Y si sí sabía, entonces el problema es todavía mayor. En cualquiera de los dos escenarios, queda una pregunta inevitable: ¿quién manda realmente en el México de Morena?