Critican a legisladores indígenas; activistas denuncian olvido de causas

Activistas y defensores de derechos indígenas cuestionaron el voto de legisladores que llegaron al Congreso de la Unión mediante acciones afirmativas y que respaldaron la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que la iniciativa no incorporó cambios sustantivos para fortalecer la representación política de los pueblos originarios.

En la Cámara de Diputados hay actualmente 44 legisladores electos mediante acciones afirmativas, además de cinco de población afromexicana.

Durante la votación de la reforma constitucional, 23 diputados indígenas de Morena votaron a favor, al igual que un legislador indígena del Partido Verde y dos diputados de origen afromexicano del partido oficialista.

Los legisladores indígenas que respaldaron la reforma provienen de entidades con fuerte presencia de pueblos originarios como Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Veracruz, Yucatán y Guerrero. De ellos, 16 obtuvieron el cargo por mayoría relativa y siete por representación proporcional.

Para organizaciones indígenas, el resultado de la votación refleja una contradicción: aunque estos legisladores llegaron al Congreso gracias a mecanismos diseñados para garantizar la representación de pueblos originarios, no se incorporaron en la reforma cambios de fondo en materia de participación política indígena.

La activista mixteca Griselda Galicia García señaló que el modelo actual de representación sigue dependiendo de los partidos políticos, lo que limita la posibilidad de que las demandas de las comunidades indígenas se traduzcan en decisiones legislativas.

Las acciones afirmativas han permitido que algunos indígenas lleguen a cargos públicos, pero muchas veces terminan respondiendo a la agenda de los partidos y no a la agenda de los pueblos”, afirmó.

El debate sobre la representación indígena ocurre en un contexto en el que la presencia demográfica de estos pueblos tiene un peso significativo en la geografía electoral del país.

De acuerdo con datos sobre distritos electorales federales con alta concentración indígena y afromexicana, al menos 44 distritos del país registran porcentajes elevados de población originaria, en algunos casos superiores al 80 por ciento del total.

Estos distritos se ubican principalmente en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Puebla e Hidalgo, regiones donde las comunidades indígenas tienen una presencia histórica y donde, según activistas, debería discutirse con mayor profundidad la forma en que se eligen sus representantes políticos.

Pese a este peso demográfico, la representación indígena en el Congreso federal depende principalmente de las acciones afirmativas establecidas por las autoridades electorales, que obligan a los partidos a postular candidatos indígenas en determinados distritos.

El activista nahua Carlos de Jesús Alejandro consideró que la votación evidenció las limitaciones de este modelo.

A su juicio, los legisladores indígenas que llegaron al Congreso mediante acciones afirmativas debieron coordinarse para actuar como un bloque político capaz de incidir en el contenido de la reforma electoral.

Si ya existe una representación indígena en la Cámara de Diputados, lo mínimo que se esperaba era que hubiera una postura conjunta para plantear los temas fundamentales de los pueblos indígenas”, señaló.

Para el activista, el problema de fondo es que el sistema electoral mexicano no reconoce plenamente las formas propias de organización política de los pueblos indígenas, donde muchas decisiones se toman de manera colectiva a través de asambleas comunitarias.

En nuestras comunidades existe la asamblea general comunitaria, que es donde se toman las decisiones más importantes. Ahí se analiza quién ha trabajado por la comunidad y quién tiene un compromiso real con el pueblo”, explicó.

Los activistas señalaron que la reforma constitucional presentada recientemente no incorporó mecanismos concretos para fortalecer la representación política indígena, más allá de una referencia general al principio de acciones afirmativas.

Advirtieron que este debate podría intensificarse en los próximos días, cuando el Ejecutivo federal presente el llamado plan B de la reforma electoral, que incluirá modificaciones a diversas leyes secundarias.

Entre los temas que generan preocupación en organizaciones indígenas se encuentra la posible reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, una medida que, según activistas, podría limitar aún más la participación política de comunidades indígenas en los gobiernos municipales.

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