Corte avala uso correcto del lenguaje, pero con valor inclusivo
El Pleno de la SCJN se pronunció por el uso correcto de las reglas gramaticales y de ortografía en el español, las que no se ven afectadas por el uso del lenguaje inclusivo
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por el uso correcto de las reglas gramaticales y de ortografía en el español, las que no se ven afectadas por el uso del lenguaje inclusivo, como lo impugnó el Poder Ejecutivo Federal y diputados de oposición en el estado de Chihuahua.
En la sesión de este lunes se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad, 127 y 133/2025, en contra la reforma a la Ley de Educación de esa entidad, en la que, aunque se pretendía eliminar el uso del lenguaje inclusivo, el texto no lo precisó en esos términos.
Se impugnó la fracción XXVIII del artículo 8 de esa norma, en la que establece que la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá el fin de “...fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español".
“Si bien es cierto que la intención del legislador fue prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en la entidad federativa, el texto finalmente aprobado no impide en forma alguna la enseñanza del lenguaje inclusivo, ni es abiertamente discriminatorio o estigmatizante.
“Por lo tanto, es admisible realizar una interpretación conforme de la disposición para descartar la interpretación que pretende desalentar o prohibir la utilización de lenguaje inclusivo en las escuelas del estado de Chihuahua y derivar una norma que sea conforme al mandato de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En consecuencia, no es necesario declarar la invalidez de la norma”, consideró en su proyecto el ministro ponente, Giovanni Azael Figueroa Mejía.
En la acción de inconstitucionalidad se argumentó que la reforma al artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Chihuahua suponía violaciones a derechos humanos, entre ellos, los de no discriminación, libertad de expresión y cátedra, seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad y educación inclusiva.
El proyecto se aprobó con siete votos; se pronunciaron en contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa y su colega Irving Espinosa Betanzo, quien rechazó que el Estado pueda establecer cuál es la forma correcta de expresarse.
“Esa falsa neutralidad cultural lingüística que es atribuida al Estado y, como lo señalé, el Estado no debe de imponer doctrinas culturales o lingüísticas, la enseñanza de las convenciones idiomáticas no puede realizarse desde un criterio absoluto que privilegie una variedad lingüística dominante, en detrimento de otras”, consideró el ministro Espinosa Betanzo.