Diana Laura contaba los días. Había entrado al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y después de cumplir gran parte de una sentencia iniciada en 2019, su salida estaba fijada para el 2 de junio de este año, once días después de la fecha en que finalmente murió. Su madre y su pareja aseguran que la extorsionaban a diario y que, para evitar que la golpearan, juntaron casi 30 mil pesos en depósitos bancarios comprobables mediante vouchers que entregaron al equipo de Investigaciones Excélsior. La autoridad catalogó su muerte como suicidio, mientras la familia sostiene, con esos comprobantes en la mano, que la mataron.
Su nombre se suma al de otras cinco mujeres que murieron en ese mismo penal entre marzo y junio, Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena y Mónica Valeria, todas bajo custodia del Estado y todas en un lapso de apenas tres meses. Reclusas consultadas por Excélsior describen traslados deliberados hacia dormitorios de alto riesgo, una manera de exponer a mujeres vulnerables a la violencia de otras internas sin que ninguna mano quede manchada directamente, mientras se documentan cobros periódicos de hasta 1,500 pesos a cambio de no agredirlas y grabaciones de amenazas brutales: “O te cuelgas tú o te cuelgo yo”. La Comisión de Derechos Humanos capitalina abrió, el 15 de julio, seis expedientes sobre estas muertes, cuatro derivados de quejas ciudadanas y dos iniciados de oficio, sin que la administración del penal ni la Subsecretaría del Sistema Penitenciario respondieran jamás a las solicitudes de la reportera. Complementando esta investigación, vale la pena preguntar cómo está construido el sistema que permitió que esto ocurriera sin que nadie lo detuviera a tiempo. La seguridad de Santa Martha Acatitla no está subcontratada ni repartida entre privados, sino a cargo directo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde 2021, y la ley marca con bastante precisión la cadena que debería activarse ante cualquier muerte, que va de la certificación médica al momento en que el Comité Técnico da vista al Ministerio Público e informa al Juez de Ejecución. A esa cadena se suma un Comité de Visita General pensado para inspeccionar los centros, un Consejo de Honor y Justicia, un órgano interno de control dentro de la propia Secretaría y la facultad de recomendación de una Comisión de Derechos Humanos que, ya en 2022, había señalado la omisión del deber de cuidado ante el suicidio de otras tres internas; entonces, subrayó algo que vale la pena repetir hoy, que esta población forma parte de un grupo de atención prioritaria precisamente por la discriminación histórica que enfrenta. Cuatro años después, con seis muertes más y una nueva recomendación en curso, queda claro que el mecanismo de alerta funcionó… y que la institución pudo absorberlo sin consecuencia alguna.
El patrón, finalmente, dibuja la ingeniería política interinstitucional que sabe nombrar sus obligaciones sin sentirse jamás obligada por ellas. Rasgo que comparte, como si el sistema penitenciario se tratara de un microcosmos, con buena parte del aparato político mexicano. Lo anterior, como las muertes, resulta inquietante, pues trasciende a los responsables inmediatos tratándose de una manera de operar que la cultura burocrática mexicana reproduce con metodológica constancia en diversos órganos del aparato estatal, desde aduanas hasta sindicatos, desde corporaciones policiacas hasta, evidentemente, penales.
Ahí donde la supervisión externa se vuelve remota o meramente ritual, tiende a formarse un poder vertical que administra su propio territorio con reglas paralelas a las que existen en el papel, y que sostiene su funcionamiento mediante redes de lealtad interna antes que mediante el cumplimiento de la norma formal. Ese poder no necesita usurpar al Estado porque ya opera adentro de él, en el hueco que deja la fiscalización que nunca llega.
La extorsión sistemática en Santa Martha Acatitla no es una anomalía criminal aislada, por grave que sea. Es, además, una práctica que circula dentro y fuera de las cárceles; la manifestación local de la lógica con la que, por medio de quistes de poder autosuficientes, con distintos nombres y distintos grados de violencia, se gobierna buena parte de la vida institucional del país; y en este caso, se administra justicia y castigo según su propia conveniencia.