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Cooperativa Cruz Azul ¿Por qué hay conflicto en la planta de Tula?

El conflicto entre grupos opositores de la Cooperativa Cruz Azul lleva por lo menos dos años y la planta de Tula es elemento clave

EXCÉLSIOR DIGITAL | CIUDAD DE MÉXICO | 27-04-2022
El Consejo de Administración y Vigilancia ha recuperado 9 complejos de la Cooperativa. Foto: Cuartoscuro
El Consejo de Administración y Vigilancia ha recuperado 9 complejos de la Cooperativa. Foto: Cuartoscuro

Un enfrentamiento entre los dos grupos que se disputan el control de la Cooperativa Cruz Azul dejó 8 muertos y 11 heridos en la planta de la cementera en Tula, Hidalgo, durante esta madrugada. El complejo es pieza clave para entender un conflicto que lleva casi dos años sin resolver y aquí te presentamos el recuento:

¿Cómo inició el conflicto en la Cooperativa Cruz Azul? 

A finales de julio de 2020 se filtró en diversos medios una carta en la que  el entonces director general de la cooperativa, Guillermo Billy Álvarez, había presentado su renuncia luego de más de tres décadas en el cargo. Al directivo se le señaló de ser líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la firma.

Incluso se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta también se extendió a otros exdirectivos: Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, exdirector jurídico, y al abogado externo, Ángel Junquera.

Días después, la cooperativa denunció a Álvarez ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos, como documentó Excélsior. Lo anterior por la transferencia ilegal de bienes, maquinaria y equipo propiedad de la Cooperativa La Cruz Azul.

Ya en agosto los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera, en ese entonces al mando de Víctor Velázquez y José Antonio Marín, tomaron las oficinas de la firma ubicadas en Pedregal de Carrasco, en la Ciudad de México.

Algunos socios activos desconocieron a los líderes, tachándolos de carentes de apoyo, empatía, calidad moral y experiencia. Además pidieron la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en la toma de las oficinas corporativas. 

En la posterior Asamblea Ordinaria, más de 500 socios de la cooperativa eligieron a Federico Sarabia como presidente del Consejo de Administración y a Alberto López como presidente del Consejo de Vigilancia.

Dicha asamblea se hizo afuera de las instalaciones de las oficinas corporativas de la empresa en Pedregal de Carrasco, en la Ciudad de México, ya que estaban tomadas por los miembros del grupo disidente y los socios no pudieron ingresar. 

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Para abril de 2021 se celebró una Asamblea Extraordinaria en la cooperativa, donde se votó de nuevo por el liderazgo de Velázquez y de Marín como presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia, respectivamente.

En el ejercicio participaron socios de las plantas de Tula, Lagunas, CYCNA Aguascalientes y de las oficinas en la Ciudad de México.

Las plantas de Puebla y Aguascalientes fueron recuperadas en 2020 por el Consejo de Administración y Vigilancia. En tanto, la de Lagunas, en Oaxaca se recuperó el año pasado; hasta ahora son nueve complejos los recuperados.

El tema de la planta en Tula

En diciembre de 2021 un actuario del Poder Judicial en Hidalgo dio la posesión del complejo al Consejo de Administración encabezado por Víctor Velázquez, pero el grupo encabezado por Federico Sarabia tomó de forma ilegal las instalaciones de la planta cementera en el municipio de Tula. 

La toma se dio en una disputa donde se enfrentaron autoridades y miembros del grupo de Federico Sarabia, quienes retuvieron las instalaciones.

En la Asamblea Ordinaria de este año, 206 socios fueron excluidos de sus derechos como miembros, entre ellos Guillermo Billy Álvarez Cuevas. La medida también aplicó a Federico Sarabia y Alberto López por las denuncias en su contra por robo de cemento, lavado de dinero y despojo. 

Las acusaciones radican en que, junto con Joel Velázquez y Pablo Reséndiz, la modificación ilegal en el despacho de cemento y que, con esa venta, habrían realizado la dispersión de los recursos a empresas factureras.

Estas personas, junto con 200 cooperativistas más son quienes mantienen retenidas las instalaciones en Tula, mismas que son consideradas uno de los frentes más fuertes entre los simpatizantes de Álvarez.

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