Sheinbaum envía iniciativa; feminicidio no tendrá beneficios ni atenuantes

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de feminicidios, que es el primer paso jurídico para crear la ley general que combata ese delito, que no prescribirá ni tendrá atenuantes ni beneficio de ley para el culpable.

Esta tarde, el Senado recibió la propuesta para agregar al artículo 73, numeral XXI, inciso a, el concepto “feminicidio” a la facultad de la Cámara de Diputados y del propio Senado para crear “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”, en diferentes materias.

La presidenta de la República adelanta en la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma constitucional, parte del contenido que tendrá su futura iniciativa de ley general contra el feminicidio.

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“Resulta indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”, dice la mandataria federal.

Precisa que los lineamientos de la legislación general; es decir, de aplicación en todo el país, una vez que cada una de las 32 entidades federativas la adaptan a su orden jurídico estatal, son “establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, y fortalecer la coordinación de Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”.

Añade que la legislación general incluirá “la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.

“Por ello, el Estado tiene un deber reforzado de protección, que implica garantizar: atención integral; acceso a servicios de salud física y mental; acompañamiento psicológico; acceso a educación, y mecanismos de reparación integral del daño”, detalla.

Por lo pronto, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa de reforma constitucional a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, pero dará cuanta de ello al pleno hasta la sesión del próximo 7 de abril.

JCS