Chiquillada gana con la reforma electoral

Sin dar marcha atrás a la decisión de fusionar áreas y trastocar la vida interna del Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado avaló anoche que los partidos pequeños tengan derecho a que los partidos grandes distribuyan con ellos los votos ganados en coaliciones, lo que anula de facto la regla constitucional de pérdida de registro como partido político a quien obtenga menos del 3% del voto.

Además, avaló que los partidos políticos no regresen a la Tesorería de la Federación los remanentes presupuestales que tengan al finalizar el año, sino que puedan quedarse con ellos, para que puedan sumarlo al presupuesto que tengan al siguiente año y que los senadores de oposición llamaron  el derecho al guardadito.

Dado que el primer dictamen fue reservado en todo su articulado, incluidos los reservados, la votación para aprobar en lo general la primera parte de la reforma, denominada plan B, sólo validaron la exposición de motivos con 69 votos en favor y 53 en contra, incluidos los morenistas Ricardo Monreal y Rafael Espino.

Así, fue necesario que el pleno del Senado avanzara en las mil 244 reservas para que las nuevas disposiciones electorales quedaran firmes.

Con 58 votos en favor y 49 votos en contra, el pleno avaló que se aprobara la propuesta presentada por el verdeecologista Israel Zamora para lograr las ventajas para los partidos pequeños.

De esta forma, el pleno del Senado avaló las peticiones hechas por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo, quienes argumentaron en la tribuna que ya ahora existen en 24 entidades las fórmulas de distribución de votos entre los partidos políticos que tienen coalición electoral y es necesario que ese derecho lo exista a nivel federal.

Tanto Israel Zamora, del Partido Verde, como el petista Alejandro González Yáñez aseguraron que esta disposición no significa que los partidos grandes les transfieran votos, porque el acuerdo electoral se realiza antes de las votaciones y sostuvieron que es constitucional, porque la Suprema Corte ya validó las fórmulas de distribución de votos a nivel de estados.

Así, la nueva disposición establece que “los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.

Los partidos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, dice la reforma aprobada.

Añade que “todas las autoridades electorales interpretarán las normas conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

Fueron 58 votos en favor de la reforma, todos de Morena, con excepción de Ricardo Monreal y Rafael Espino, quienes votaron en contra, junto con otros 47 legisladores de oposición, para sumar 49 votos en contra”.

Pero el senador panista Damián Zepeda dijo que “este es el tema más dañino  que se le va a hacer a la democracia y está ciento por ciento en la responsabilidad de los que están aquí, porque hoy la ley vigente prohíbe de manera expresa transferir votos. Hay que decir las cosas como son, esto que están proponiendo es fraude electoral legal”.

Recordó que el  Presidente de la República rechazó que se llevara a la ley estas ventajas.

¿Qué van a hacer? ‘Yo te voy a extorsionarte voy a chantajear para firmarte tu coalición, valgo tanto. Quieres sí, quieres no. ¿Qué opinan los ciudadanos? No me importa”, explicó Zepeda.

Además, se avaló, con 58 votos en favor y 49 votos en contra, que “los partidos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes años fiscales, así como utilizarlo para la elección federal o local siguiente”.

SE ARMA POLÉMICA

Esta madrugada se desató una polémica porque el morenista Adolfo Gómez propuso una reserva que, a decir de senadoras del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, es un retroceso para los derechos de los grupos vulnerables y que fue aprobado por la mayoría.

En observancia al principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios al menos 25 postulaciones a personas pertenecientes a una comunidad indígena; personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes.

En las diputaciones de mayoría relativa las anteriores acciones afirmativas para ser postuladas en cualquier distrito electoral. En el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, las referidas acciones afirmativas se ubicarán en dos bloques ubicados en los primeros 20 lugares.

Es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas, la cual constituye la reserva de dicha materia que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos que por jerarquía normativa se encuentran subordinados a la ley.

Será obligatoria la configuración paritaria en cada una de las Cámaras del Congreso para cuyo efecto los partidos respetarán la postulación de ambos géneros en dos bloques de alta y baja competencia”, dice la modificación que fue criticada por las panistas Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán; la priista Claudia Anaya y la emecista Patricia Mercado.

Al cierre de la edición seguía la discusión de las reservas. Una vez aprobado el plan B, sería regresado a la Cámara de Diputados.