Juan Gabriel tenía un don. Sabía leer e interpretar las emociones, pasiones y reacciones de los mexicanos; por eso, querido lector, utilizaré el estribillo de una de sus canciones más famosas para la reflexión de hoy: “Pero ¿qué necesidad? / ¿Para qué tanto problema? / No hay como la libertad de ser / De estar, de ir / De amar, de hacer, de hablar / De andar así sin penas…”.
La inauguración del Mundial trajo a la CDMX los reflectores del planeta y a los colectivos de madres y familias buscadoras que —con la movilización nacional Iluminemos la búsqueda—, intentaron visibilizar la crisis humanitaria de las desapariciones en el país. El despliegue de las familias hacia las inmediaciones del Estadio Azteca encontró vallas humanas, cercos policiales y encapsulamientos por parte de la SSC. La contención física de la protesta pacífica no fue exclusiva de la capital; el patrón se repitió en Toluca con el colectivo Flores en el Corazón, en Puebla con Voz de los Desaparecidos, y en la retención en la caseta de Tlalpan del contingente de Ayotzinapa.
El conflicto escaló cuando Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, informó que tenía reportes sobre el traslado de personas en autobuses desde Jalisco y anunció una indagatoria para conocer el origen de esos apoyos “y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”. Pero qué necesidad…
Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivos policiacos o criminales en dicha revisión. Señaló que era parte de las funciones de la dependencia. La respuesta de las buscadoras expone la distancia entre la narrativa oficial y la realidad operativa de las víctimas de la violencia.
Ruth Barajas, líder del colectivo Familiares ausentes del sur de Jalisco, respondió así a la afrenta gubernamental: “Es doloroso y penoso escuchar esas palabras de quien viene; ha querido acallarnos con eso de que nos van a investigar; pues que nos investiguen. Rosa Icela, a nosotros nadie nos patrocina, aunque nos quedemos sin comer, porque ésa es la verdad, nosotros vamos y hacemos búsquedas. Mejor que se ponga a hacer su trabajo”.
Las familias recurren a rifas, donaciones ciudadanas y aportaciones propias para sostener las jornadas de localización en campo. El cuestionamiento sobre el financiamiento de los boletos de autobús desvió la discusión central del fenómeno: la existencia de más de 134 mil personas desaparecidas en el registro nacional. Jalisco figura como una de las entidades con mayor incidencia de este delito, donde la operación de grupos criminales mantiene condiciones de violencia delictiva y territorial.
Doña Vicky, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y quien busca a su hijo Víctor Hugo desde 2020, también envió un mensaje: “Presidenta, apenas regresé a casa, al lugar que nunca debió convertirse en punto de partida para salir a buscar a mi hijo. No deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX... Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando... Pídale a la Fiscalía por favor, que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.
Virginia Ponce Rodríguez se ha vuelto un símbolo de resistencia por cantar mientras desentierra restos. Ha aprendido a hablar con la tierra. El posicionamiento conjunto de los colectivos advierte que las insinuaciones gubernamentales sobre “intenciones ajenas” operan como una forma de estigmatización pública que eleva el riesgo para su seguridad, en territorios donde ya enfrentan amenazas.
La activación de auditorías por el traslado de las víctimas, en lugar de la concentración de capacidades ministeriales en las fosas clandestinas, redefine la naturaleza de la intervención institucional. El uso de la fuerza pública para cercar manifestaciones en el marco del Mundial evidencia el interés por preservar la imagen del Estado por encima de la atención a las demandas de justicia social. El choque discursivo muestra la tensión persistente entre el aparato gubernamental y los movimientos ciudadanos que luchan por preservar los derechos humanos.
Mientras la autoridad defiende la necesidad de fiscalizar los flujos económicos de las movilizaciones bajo el argumento de la transparencia, los colectivos exigen que la infraestructura presupuestal y de inteligencia se aplique en la localización de los ausentes. Creo que las prioridades del gobierno federal están en otra cancha.