Ariadna Montiel administra 20 programas de Bienestar con presupuesto de un billón de pesos
Uno de los principales retos señaló es la enorme dimensión del sistema de apoyos, que requiere coordinación logística, censos permanentes y actualización constante de padrones.
Ariadna Montiel, encargada de la política social del país, administra más de 20 programas de apoyo federales, que en conjunto benefician a decenas de millones de mexicanos con un presupuesto que supera el billón de pesos.
En entrevista con el diario El País, destacó que su principal responsabilidad es garantizar que los recursos lleguen directamente a la gente, sin intermediarios ni estructuras clientelares.
Reconoció que uno de los principales retos es la enorme dimensión del sistema de apoyos, que requiere coordinación logística, censos permanentes y actualización constante de padrones. Indicó que la meta es seguir ampliando la cobertura para que más personas accedan a los programas sociales.
Subrayó que el programa insignia es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que beneficia a más de 13 millones de derechohabientes, y que ya es un derecho consagrado en la Constitución.
Explicó que el objetivo del apoyo es garantizar un ingreso básico para la vejez y reducir la desigualdad social.
La titular de la Secretaría de Bienestar, sostuvo que durante décadas los programas sociales en México estaban llenos de intermediarios políticos, líderes locales o gestores que controlaban el acceso a los recursos.
Por ello, dijo, la política actual busca que el dinero llegue directamente a las tarjetas bancarias de los beneficiarios, evitando que funcionarios o actores políticos condicionen los programas.
En la conversación, Ariadna Montiel defendió el trabajo de los llamados servidores de la nación, trabajadores encargados de levantar censos, registrar beneficiarios y ayudar a las personas a integrarse a los programas, que desarrollan una labor administrativa y social, no política.
Señaló que estos funcionarios permiten que el gobierno llegue a comunidades rurales, zonas marginadas y lugares donde antes no había presencia institucional.
Al ser cuestionada sobre el presunto uso electoral de los programas, como aseguran partidos de oposición, rechazó las acusaciones, al manifestar que los apoyos están protegidos por la Constitución, existen reglas de operación y padrones públicos, además de que son universales, no dependen del voto ni de la afiliación política.
Aseguró que el principio central es que los programas sociales son derechos, no favores del gobierno.
fdm
EL EDITOR RECOMIENDA
