Anexan Los Pinos a Chapultepec; iniciativa de ley de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.

Cada uno de los 255 diputados federales de Morena donará poco menos de 6 mil pesos para costear la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informó Mario Delgado, coordinador de la bancada.

Tras un encuentro entre legisladores de Morena y Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, Delgado aseguró que las aportaciones se harán “sin presiones y de manera voluntaria”, por lo que informarán quién aportó y cuánto.

Aclaró que la consulta, cuyo costo se calcula en 1.5 millones de pesos, se pagará del bolsillo de los legisladores de su partido, incluidos los senadores, ya que el gobierno electo no tiene recursos disponibles para llevarla a cabo.

Jesús Ramírez dijo que darán a conocer una cuenta bancaria para que los ciudadanos que lo deseen también  ayuden a financiar la consulta.

Por separado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, indicó que, hasta la mañana de ayer, a ellos no les habían preguntado si están dispuestos a aportar para cubrir los gastos de la consulta.

“Si lo hubieran hecho no habría ningún inconveniente. No he recibido ninguna solicitud de respaldo, ni individual ni como coordinador del grupo”, recalcó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Los Pinos “migran” hacia Chapultepec

Para reglamentar los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana planteados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Morena, en la Cámara de Diputados, presentará la iniciativa de Ley Federal de Austeridad, en la que se establece la reducción de sueldos y prestaciones a funcionarios públicos, jornadas laborales de lunes a sábado para empleados de confianza y anula pensiones y todos los apoyos para expresidentes de la República.

También elimina el uso habitacional de la Residencia Oficial de Los Pinos para integrarla al complejo del Bosque de Chapultepec y convertirlo en espacio público para ser utilizado como centro de arte y cultura.

Para los expresidentes de la República cancela cualquier otro tipo de pensión creada para su beneficio, así como la asignación de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas a su servicio, “cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”, además de bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal.

En la propuesta, cuya copia tiene Excélsior, se prohíbe a funcionarios “cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o estacionarse en lugares prohibidos” y los mandata a “brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a los ciudadanos que requieran sus servicios”, asimismo, les prohíbe recibir pagos, regalos, dádivas, viajes o servicios que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

También precisa que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, serán sujetos a las nuevas normativas de austeridad que limita a tres asesores por dependencia, cancela plazas con nivel de “Dirección General Adjunta”, creadas desde 2001, y prohíbe la contratación de servicios de consultorías, asesorías y despachos externos.

Además, se limita la contratación de personal por honorarios, la cual no podrá ser mayor al 10% del gasto destinado al personal de estructura de los entes públicos, limita la asignación de chofer exclusivamente a los secretarios y subsecretarios y acota que los representantes gremiales en las organizaciones de empleadores y sindicatos ocuparán cargos honoríficos, por lo que no recibirán remuneración.

La propuesta instaura la centralización de Comunicación Social e Informática y Tecnologías de la Información en la oficina de la Presidencia de la República; la defensa y protección de los derechos humanos, en la Secretaría de Gobernación; política y normatividad en materia de ingresos, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); así como compras públicas y contrataciones, en la Secretaría de Hacienda, entre otras.

En este sentido, agrega que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sólo podrán tener oficinas de representación en el extranjero con la autorización conjunta de la SHCP y de Relaciones Exteriores.