Alertan por baja inversión educativa; denuncian estancamiento en aprendizajes

México cerrará 2025 destinando sólo 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación, una cifra que representa la inversión más baja en décadas y que lo coloca muy por debajo del estándar recomendado por la UNESCO, que establece que los países deben invertir entre 4% y 6% para garantizar calidad, equidad y condiciones dignas para estudiantes y docentes.

Para Educación con Rumbo (ECR), se trata del indicador más contundente de que el país mantiene una crisis educativa que no ha sido atendida con visión de largo plazo.

En un balance difundido ayer, el movimiento fundado para fomentar la participación ciudadana en la construcción de la educación sostuvo que los cambios impulsados bajo la Nueva Escuela Mexicana, sumados a las decisiones políticas sin sustento técnico, han profundizado los rezagos en aprendizajes, abandono escolar e infraestructura.

Según datos oficiales incluidos en el análisis, el sistema educativo básico atiende hoy a 23.3 millones de niñas, niños y adolescentes, apoyados por más de 1.2 millones de docentes, quienes enfrentan sobrecarga administrativa, capacitación insuficiente y condiciones laborales que limitan su desempeño.

ECR señaló que una de las principales causas de la inestabilidad actual ha sido la implementación de dos reformas curriculares desde 2019 sin completar procesos de pilotaje ni establecer mecanismos de evaluación previos. La ausencia de retroalimentación y acompañamiento ha generado un clima de incertidumbre en las escuelas, prácticas docentes inconsistentes y falta de claridad sobre los aprendizajes esperados.

La organización recordó que países como Finlandia, Estonia, Canadá y Corea del Sur han logrado avances sostenidos gracias a políticas educativas estables durante más de cuatro décadas, mientras que México continúa modificando su modelo sin tiempos de maduración suficientes.

De manera paralela, también apunta que las decisiones basadas en criterios políticos más que técnicos han limitado la capacidad del país para construir una política educativa sólida.

La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2019 y la posterior reconfiguración de Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación) dejaron a México sin un sistema de evaluación nacional integral, riguroso y transparente que permita medir avances en aprendizaje, permanencia, inclusión y calidad educativa.

La ausencia de evaluaciones periódicas, dice, debilita la toma de decisiones y dificulta detectar rezagos reales.

La reducción de la inversión agrava este escenario.

Frente a este panorama, llamó a construir una política educativa de largo plazo, con metas verificables hacia 2030, basada en evidencia y orientada a la equidad. Insistió en que México requiere inversión sostenida, evaluación transparente, innovación curricular acompañada y programas con continuidad más allá de los ciclos de gobierno.