Alcalde discrimina a regidora embarazada en Epazoyucan, Hidalgo

La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo emitió una recomendación al alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez

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El alcalde de Epazoyucan, Carlos MontañoFoto: Especial

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la Recomendación R-VG-0001-26 dirigida al alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos de cuatro integrantes del cabildo, entre ellas una regidora con discapacidad visual y otra embarazada.

La resolución se originó luego de que el Congreso del Estado de Hidalgo solicitara la intervención del organismo autónomo ante presuntos actos de violencia política por razón de género, conductas discriminatorias y desacato a obligaciones institucionales.

Bajo el expediente CDHEH-VG-1137-25, la comisión concluyó que el presidente municipal omitió garantizar condiciones de igualdad, respeto y accesibilidad en el ejercicio del cargo.

También discriminó a regidora con discapacidad visual

De acuerdo con la investigación, se documentaron expresiones y acciones que pusieron en entredicho la capacidad de una regidora debido a su discapacidad visual, lo que afectó su dignidad, estabilidad emocional y derechos político-electorales.

En otro de los casos, se determinó que una regidora no pudo rendir protesta tras el nacimiento de su hija, sin que se realizaran ajustes razonables ni se aplicara una perspectiva de género para asegurar su participación en funciones públicas.

La presidenta del organismo, Ana Parra, subrayó que la maternidad no puede ser motivo de exclusión ni limitación en la vida política.

“El ejercicio de los derechos no se interrumpe por razones de maternidad o condición de discapacidad”, enfatizó al advertir que este tipo de prácticas refuerzan barreras estructurales contra la participación de las mujeres.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la reparación integral del daño a las afectadas, la implementación de programas de capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para las autoridades municipales, así como la apertura de procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades.

El ayuntamiento contará con un plazo de 10 días hábiles para informar si acepta la recomendación y detallar las acciones que emprenderá para su cumplimiento.

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JCS

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