Acumula la Cámara de Diputados pendientes en delitos cibernéticos, IA y reclutamiento forzado

Castigar a los autores del reclutamiento forzado, tipificar y sancionar los delitos cibernéticos y poner orden ante el uso indebido de la inteligencia artificial son temas recurrentes pero todavía pendientes en la Cámara de Diputados.

Otros asuntos que ganan espacio en la agenda parlamentaria mexicana son el derecho laboral a la desconexión digital, la protección de datos personales y la imperiosa necesidad de consolidar gobiernos digitales.

Aunque la actual legislatura se ha concentrado en las reformas enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, sus integrantes han dejado constancia de sus propias preocupaciones.

Una revisión de las 6,497 iniciativas presentadas por las y los diputados federales entre septiembre de 2024 y julio pasado revela que el 11.6 % fue turnado a la Comisión de Justicia de San Lázaro.

Se trata de 745 propuestas relacionadas con diversos objetivos y temáticas, pero que en el fondo buscan atender los niveles de impunidad superiores al 90% que enfrentan los mexicanos. Son proyectos orientados a actualizar el Código Penal Federal mediante la tipificación de nuevas conductas ilícitas, el ajuste a las penas de prisión y la actualización de multas.

Asimismo, han sido recurrentes los planteamientos enfocados en sancionar la violencia sexual y garantizar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

Reclutamiento forzoso, el gran pendiente

Existen problemas abordados por parlamentarios de todas las fuerzas políticas cuyas iniciativas buscan incrementar, por ejemplo, el castigo al reclutamiento forzado.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal del PT, es uno de los promoventes de esta reforma que aún no consigue el visto bueno del Gobierno federal ni de las fiscalías estatales. Dichas instancias se muestran reticentes a que este delito tenga una definición precisa que involucre a quienes —mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o aprovechamiento de una relación de confianza, parentesco o autoridad— incorporen, sometan o pongan a una persona al servicio de la delincuencia organizada o de una agrupación delictiva.

La Comisión de Justicia también ha recibido proyectos de decreto para regular los delitos cibernéticos, el uso indebido de la inteligencia artificial en actos ilícitos y el establecimiento de nuevas medidas contra la delincuencia organizada y la violencia homicida.

En meses pasados, la diputada Claudia García Hernández (Morena) propuso suspender la patria potestad y los derechos de tutela y convivencia cuando la persona imputada por feminicidio sea el progenitor, tutor o guardador de las hijas e hijos de la víctima.

Justicia contra delitos digitales

Destacan las propuestas que involucran a las comisiones de Justicia y de Seguridad Ciudadana vinculadas con las nuevas tecnologías y la delincuencia organizada.

Un ejemplo es el proyecto de decreto para adicionar al Código Penal Federal un capítulo denominado Robo y suplantación de identidad digital y violencia digital extorsiva, registrado en julio por el diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN).

Por su parte, la legisladora Lidia Herrera Natividad (PT) planteó imponer una pena de 4 a 5 años de prisión a quien cometa el delito de suplantación de identidad por cualquier medio físico, electrónico, digital o tecnológico y que, sin autorización del titular, utilice, obtenga, reproduzca, altere, transfiera o emplee datos personales, biométricos, credenciales, documentos, firmas electrónicas o cualquier medio de autenticación.

Asimismo, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) propuso considerar como violación a la intimidad sexual la elaboración de contenido de ese tipo mediante tecnologías de generación sintética sin el consentimiento, aprobación o autorización de la persona afectada. En su iniciativa, el parlamentario plantea regular estas conductas violatorias, ya sea que se recurra a inteligencia artificial, algoritmos, redes neuronales artificiales, aplicaciones de edición automatizada o cualquier otra tecnología que genere, recree, altere, simule o manipule contenido audiovisual.

En el receso legislativo, la diputada Guadalupe Ortega Tiburcio (Morena) propuso incrementar las penas de prisión y las multas a quien cometa delitos en materia de derechos de autor en entornos digitales.

Reforma judicial y atención a la ciudadanía

¿Por qué casi el 12 % de las iniciativas se alojan en la Comisión de Justicia?

El diputado Mejía Berdeja, uno de los integrantes más activos de dicha instancia, señala que la comisión “actúa como uno de los grandes nodos transversales del trabajo legislativo debido a que una considerable proporción de los problemas públicos pueden abordarse mediante reformas a algún ordenamiento jurídico”.

El legislador del PT atribuye esta centralidad al hecho de que el Congreso “ha estado inmerso en una nueva dinámica de contacto constante con la ciudadanía en territorio, lo que ha generado una tendencia a abordar las dificultades sociales creando nuevos delitos o aumentando penas”.

Mejía Berdeja, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad Ciudadana en el sexenio anterior, explica que, debido a la reforma judicial concretada en 2024, “se ha transitado por un periodo excepcional de reconfiguración del sistema de justicia”, por lo que el alto volumen de iniciativas es un efecto jurídico de una reforma de gran calado que desató “un proceso de irradiación normativa”.

Populismo penal y retórica

El vicecoordinador de la bancada del Acción Nacional, Federico Döring, considera que el alto porcentaje de iniciativas concentradas en la Comisión de Justicia responde a “la falsa narrativa de Morena de combate a la corrupción y a la construcción de su andamiaje de persecución política y prisión preventiva oficiosa solo para opositores y críticos”.

Por su parte, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, analiza que, al ser la inseguridad y la impunidad los problemas más apremiantes de México, resulta natural la existencia de múltiples propuestas para fortalecer el sistema de procuración de justicia.

Sin embargo, el representante por Jalisco advierte que debe revisarse con cuidado la tendencia de los legisladores a aumentar penas o crear agravantes que “no necesariamente sirven para mejorar la justicia”.

“Eso es el populismo penal, que está a la orden del día, pero está demostrado que no contribuye a abatir la impunidad”, cuestiona Vázquez Ahued. Para el diputado de MC, lo urgente en el tramo final de la legislatura sería aprobar iniciativas que fortalezcan a las fiscalías, “el gran pendiente del sistema de procuración de justicia que ha permanecido intocado”.

Impuestos y regulación financiera

Según el Sistema de Información de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales acumula 646 iniciativas turnadas sobre derechos humanos, paridad y pueblos indígenas.

Otra instancia con alta concentración de proyectos es la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 598 propuestas enfocadas en actualizar el ISR, el IVA y el IEPS, así como en mejorar la regulación financiera en materia de créditos, seguros médicos y fianzas.

“Uno de los temas que habremos de abordar es el de los seguros de gastos médicos mayores, un reclamo legítimo de la ciudadanía. Como parte de mi agenda legislativa, insistiré en establecer condiciones más justas sobre la permanencia y eliminación de antecedentes en el historial crediticio, en defensa de los usuarios de servicios financieros”, confirma Mejía Berdeja.

Para el diputado Federico Döring, la Comisión de Hacienda cuenta con un presidente —el morenista Carol Antonio Altamirano— que ha realizado un gran esfuerzo por analizar y desahogar propuestas, “pero el Gobierno sabotea y amenaza con vetarlo todo”.

Vázquez Ahued sostiene que también existe un populismo fiscal reflejado en propuestas para reducir impuestos, cuando lo necesario sería construir un nuevo pacto fiscal que fortalezca la inversión en estados y municipios bajo un modelo progresista que no castigue a las clases medias y trabajadoras. “Lamentablemente, esa comisión pareciera ser simple y llanamente funcional a lo que manda el Ejecutivo”.

Salud y educación

La Comisión de Salud suma 452 iniciativas destinadas a garantizar el acceso a la atención integral, con énfasis en padecimientos oncológicos, disponibilidad de medicamentos y salud mental.

Le sigue la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con 329 propuestas centradas en licencias, derecho a la desconexión digital, ampliación de días de descanso obligatorio y reducción de la jornada laboral.

La Comisión de Educación registra 329 iniciativas enfocadas en los niveles medio superior y superior, contenidos y planes de estudio, entornos escolares seguros, desconexión digital en planteles y formación en IA.

La diputada Ana Isabel González (PRI), integrante de las comisiones de Salud y Educación, sostiene que para concretar estos pendientes se requiere fortalecer el trabajo técnico y mantener disposición para construir acuerdos.

“Podemos avanzar en entornos escolares seguros, prevención del acoso escolar, salud mental, infraestructura educativa, actualización de contenidos y uso responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial”, enumera la parlamentaria priista.

“Debemos fortalecer el diálogo entre la Cámara y las autoridades educativas para que las preocupaciones de estudiantes, docentes y familias se traducan en reformas legales y políticas públicas”, plantea González, añadiendo que una de sus prioridades es garantizar el acceso a insulina para niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1.

Pesimismo legislativo

¿Existen condiciones para abordar las propuestas formuladas por los legisladores en el tramo final de la legislatura?

“Somos una mayoría que acompaña un proyecto de gobierno y existen reformas prioritarias que compartimos; pero eso no cancela la responsabilidad de representar demandas sociales. El tiempo restante debe aprovecharse para construir consensos”, confía Mejía Berdeja.

La respuesta del panista Federico Döring es tajante: “No. Morena no legisla, solo bloquea. No construye, solo dinamita instituciones”.

Para Vázquez Ahued el panorama tampoco es optimista: “La verdad no. Como nunca, se ha observado un control de la agenda legislativa por parte del Ejecutivo. De todos los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 80% tiene su origen en una iniciativa del Ejecutivo. Estos años han sido marcados por un control absoluto”.