Acuerdo reparatorio cierra tragedia por inundación de tienda en Veracruz
La Fiscalía General del Estado concluyó la investigación penal por la muerte de una trabajadora al interior del establecimiento comercial Híper San Bruno
Pese a evidencias de negligencias administrativas, omisiones de protección civil y permisos irregulares en zonas inundables, la muerte de la trabajadora atrapada en Híper San Bruno se resolvió mediante un acuerdo reparatorio entre particulares.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó que las partes alcanzaron el arreglo económico previsto en la ley, cerrando la vía penal por la muerte del 25 de septiembre. “Dentro de los mecanismos que establece la ley para un caso de esta naturaleza, se prevé el acuerdo reparatorio, mismo al que llegaron las partes”, sostuvo durante su balance de investigaciones.
El cierre penal excluye responsabilidades administrativas por licencias de construcción y uso de suelo otorgadas en el humedal inundable donde operaba el establecimiento que colapsó.
Documentos oficiales confirman que Desarrollo Urbano municipal otorgó la Actualización de Uso de Suelo Comercial (Bodega), mediante el Oficio DDU/6465/2024, a Erick Alejandro Lagos Hernández, exsecretario de Gobierno de Javier Duarte.
El permiso para el complejo de 4,200 metros cuadrados, firmado por el exdirector José Miguel Torres Cházaro, se emitió durante la administración de Ricardo Ahued Bardahuil —hoy secretario general de Gobierno estatal— semanas antes de dejar la alcaldía.
La autorización ignoró el plano de “Amenazas y Vulnerabilidades” (Clave D‑11) del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, que clasifica el predio de Mártires del 28 de Agosto #368 como humedal y vaso de amortiguamiento de los escurrimientos del arroyo Papas y el río Carneros.
Aunque el dictamen condicionaba el permiso a estudios de impacto ambiental (SEDEMA) y al Dictamen Técnico de Riesgo de Protección Civil en 15 días hábiles, el establecimiento operó sin obras de elevación, desagüe estructural ni infraestructura preventiva.
El artículo 429 del Reglamento de Desarrollo Urbano permite al Ayuntamiento cancelar o revocar licencias ante irregularidades o riesgos a terceros. Ninguna autoridad municipal clausuró preventivamente el inmueble.
Tras la tragedia, la respuesta oficial se centró en el clima. La alcaldesa Daniela Griego Ceballos atribuyó la crecida a lluvias por una “vaguada”, mientras la directora municipal de Protección Civil, Alma Fuertes, eludió la falta de supervisión al señalar que los dictámenes corresponden a “varias direcciones”.
Con el acuerdo reparatorio, la Fiscalía cierra la vía penal sin consecuencias por las omisiones oficiales que permitieron operar un comercio sobre un humedal protegido y derivaron en la muerte de una trabajadora.