Si no me equivoco, México fue el último país de América Latina en hacer del principio pro persona y, por tanto, de la defensa de los derechos humanos, la roca sobre la cual descansa la arquitectura de nuestra Constitución. Esto sucedió con la histórica reforma de 2011 al artículo 1º constitucional. Entre otras varias, destaco una razón para estar a la cola de otras constituciones de países afines: en todo el periodo posrevolucionario no hemos tenido un golpe de Estado militar. Ha habido violencia y en demasiadas ocasiones la ejerció el Ejército, como durante la Guerra Sucia, pero no hubo un trastocamiento del orden constitucional y el gobierno civil no fue sustituido por una junta militar..
La razón por la cual otras constituciones se nos adelantaron es inversa: en demasiados países de al sur de nuestro continente se han sucedido golpes militares con saldos estremecedores de violaciones a los derechos humanos ejercidas por los Estados: tortura, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos sin juicios, etcétera.
Brasil regresó a la democracia con las elecciones indirectas en 1985 y en 1988 aprobó una nueva Constitución que hace del respeto a los derechos humanos su piedra fundadora. Y cómo no: más de tres mil desaparecidos, decenas de miles más víctimas de torturas, terror, espionaje político, censura y todo el catálogo de horrores que acostumbran los gobiernos ejercidos por golpistas. Durante la dictadura, la supresión de los partidos políticos con carácter democrático hizo que la energía social se canalizara hacia la sociedad civil organizada. Las ONG brasileñas de derechos de las comunidades LGBT lograron en Doha la aprobación del coctel antisida a un precio bajo, cuando se vendiera a los sistemas de salud pública. Sólo no cumplieron con la inclusión de derechos políticos de las mujeres, hoy con una presencia inferior a 20% en el Congreso brasileño.
Pero, en 2009, la entonces Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la jueza Navi Pillay, visitó Brasil y reclamó que era el único país de la región que no había llamado a cuenta a los militares ni revisado los abusos que hubo durante la dictadura. También denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos. ¿Por qué no se había logrado hasta entonces una Comisión de la Verdad a pesar de que Brasil contaba con un fuerte movimiento de organizaciones civiles? La respuesta tiene que ver con el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la que ganó Flávio Bolsonaro: porque una parte de la sociedad brasileña apoyó o estuvo pasivamente conforme con la dictadura. Recuerdo vívidamente mi sorpresa cuando escuchaba que, al golpe de 1964, muchos le llamaban “la Revolución del 64”.
Mientras que el ejército brasileño ha evolucionado, acepta un ministro de la Defensa civil y es plenamente institucional, lo mismo no ha sucedido con las fuerzas policiacas ni con una parte de la sociedad brasileña que en 2022, ante el triunfo de Lula, hizo manifestaciones frente a los cuarteles pidiendo un golpe militar. Jair Bolsonaro es parte de esa expresión rancia a favor del militarismo, está a la derecha de la derecha de la derecha. En el caso probable de que gane la segunda vuelta su hijo, no se sabe bien quién gobernará, si éste o el padre, ya que el vástago ha declarado que lo primero que hará es amnistiar a su padre y subir juntos la rampa que lleva a Planalto, el palacio presidencial.
Jair Bolsonaro tiene un récord vergonzoso de desprecio por los derechos humanos. Cuando las familias de los guerrilleros desaparecidos en Araguaia durante la dictadura buscaban sus restos, el diputado Bolsonaro puso un letrero a la entrada de su oficina: “Sólo los perros buscan huesos”. En 2017 publicó una foto suya con un cartel que decía: “Derechos humanos, estiércol de los vagabundos”. Durante el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que terminaría con su destitución en 2016, el senador Bolsonaro dedicó su voto “a la memoria del coronel Alberto Brilhante Ustra”, uno de los mayores torturadores de presos políticos, incluyendo la propia Dilma.
Algunos dirán, pero ésas son tan sólo palabras. No. El expresidente recibió una sentencia de 27 años de prisión que cumple en su domicilio por haber conspirado para desconocer los resultados que dieron el triunfo a Lula, tomar violentamente las sedes del Congreso e intentar asesinar al presidente, al vicepresidente y al presidente de la Corte, todo documentado. Una conspiración que recuerda aquella que resultó en el asesinato de Lincoln y el atentado a su vicepresidente.
De qué tamaño será el cansancio del electorado brasileño que hizo a un lado la probabilidad de que la democracia tal vez sufra un retroceso lamentable y de que Brasil se alinee irrestrictamente con la política exterior de EU. Podremos saber la respuesta del tamaño de este hartazgo el próximo 25 de octubre, fecha de la segunda vuelta.