Activista lleva 3 años presa... sin pruebas

Xóchitl Ramírez Velasco, defensora de derechos humanos con enfoque en comunidades de mujeres indígenas, perdió su libertad el 3 de mayo de 2023 mientras recogía de la escuela a la hija de una compañera sobre la calle Nogales de Cuernavaca, Morelos.

Han pasado ya casi tres años y sigue sin entender qué llevó a la Fiscalía de Morelos a entablar una persecución en su contra por un delito que ocurrió en 2019, en un sitio donde su defensa ha comprobado con documentos, fotos y testigos que no se encontraba presente. De hecho, se sigue cuestionando si algo tuvo que ver su trabajo con la defensa de las comunidades.

En entrevista para Excélsior, narró el día en el que “todo se terminó”. Era una tarde de mayo de 2023 y policías ministeriales de investigación —ella recuerda a tres hombres y una mujer— bajaron de sus camionetas con armas largas y la llamaron por su nombre, asegurando que tenían una orden de aprehensión en su contra que nunca le mostraron.

Aunque intentó dialogar con los agentes para que le permitieran dejar a la menor en un lugar seguro, recordó escuchar un ultimátum que la hizo rendirse por completo: “Pues te vas a subir por las buenas o por las malas”.

Fue ingresada directo al penal

En cuestión de unas horas, Xóchitl, una mujer de raíces indígenas que vive con una condición que le provoca convulsiones, ya estaba siendo ingresada al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, a unos minutos del centro de la ciudad, donde pasó más de dos años bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, es decir, encarcelada sin sentencia.

“Es como entrar a una cueva. Entro y es hasta en ese momento que me entero por qué me detienen (...) por secuestro agravado”, relató a Excélsior desde su casa, donde continúa privada de su libertad, pero bajo la figura de prisión domiciliaria.

Ese cambio de medida cautelar lo obtuvo el 3 de julio, hace casi ocho meses, gracias a la intervención del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), cuyas litigantes dicen sólo asumir casos de mujeres inocentes.

“En términos concretos, Xóchitl no está libre porque está bajo una medida cautelar y, contrario a lo que se piensa, ella no puede salir de su domicilio”, dijo Ximena Ugarte Trangay, la abogada que encabeza la defensa de la activista de derechos humanos, explicando que, en cualquier momento, las autoridades le pueden realizar una inspección.

Además de su libertad, este largo proceso le ha costado a la oaxaqueña su trabajo con las comunidades de mujeres indígenas en el estado de Guerrero y tiempo con su hijo de 24 años, quien vive con una discapacidad.

Entre la libertad y la prisión

La batalla por recuperar la libertad de Xóchitl por un crimen que, asegura no cometió, está entrando a su fase final y ahora serán tres jueces quienes deban determinar el rumbo de su futuro.

“Yo quiero que acepten que soy inocente, que es una injusticia”, exclamó la defensora de 46 años, cuya siguiente audiencia será el 4 de marzo.

Si su sentencia es absolutoria, dejará este episodio atrás; si la sentencia es condenatoria, regresará a Atlacholoaya, donde podría pasar hasta 90 años encerrada.

Cuestionada sobre la segunda posibilidad, Xóchitl aseguró: “no sé si viviría”.

“Xóchitl no tiene por qué probar su inocencia, la que tiene que probar que Xóchitl es culpable, es la Fiscalía del estado, más allá que toda duda razonable”, reclamó Ugarte Trangay.

Culpable hasta demostrar lo contrario

La Fiscalía de Morelos acusa a Xóchitl de participar en el secuestro de una mujer en Morelos el 4 de marzo de 2019, más de cuatro años después de su detención irregular.

Irónicamente, el día del plagio que refiere la Fiscalía era un sábado, lo que significa que Xóchitl no estaba en Morelos, sino en la comunidad náhuatl de Tlamacazapa, Guerrero, donde acostumbraba a llevar a cabo jornadas de trabajo con la Organización Atzin Desarrollo Comunitario A. C.

Hasta ahora, su defensa ha presentado documentos firmados, fotos y 10 testigos para demostrar que ella no pudo haber estado presente ese y los otros tres días que la víctima estuvo privada. Pero la Fiscalía insiste en señalarla del crimen dentro del catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa.

“Hay, por lo menos, tres-cuatro testigos que estuvieron con ella desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ella firmó recibos de su puño y letra estando en Guerrero que van a ser incorporados a juicio”, dijo la abogada de IMDHD.

El supuesto vínculo que ella tendría con este crimen sería el hecho de que la víctima del delito describió a la mujer que la cuidó por cuatro días como con características generales, como de estatura baja, tez morena y pelo ondulado, además de que Xóchitl fue pareja de 2011 a 2015 de uno de los secuestradores detenidos en flagrancia.

Los ministeriales habrían obtenido la foto de la defensora de derechos humanos porque en 2012 visitó a su expareja en el Atlacholoaya, donde estaba encarcelado por el delito de desvalijamiento.

“Esa es la única información que tienen por la que señalan a Xóchitl por responsable, porque lo fue a visitar un día”, dijo la abogada, quien señaló cinco irregularidades en su detención.

Estas van desde violaciones al debido proceso hasta su levantamiento con una menor en brazos. “La subieron con todo y la niña”, acusó Ugarte Trangay.