Operan en la irregularidad 9 de cada 10 anexos en México
Las familias pagan por una rehabilitación que casi nunca llega, pues sólo 3% de los internados en los anexos sale limpio, según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones

Más de 90 por ciento de los centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos, opera de forma irregular o clandestina en México, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
De acuerdo con la especialista Silvia Meneces Salvatierra, detrás de la cifra hay familias que pagan por un tratamiento y personas encerradas contra su voluntad, sin médicos y bajo el mando de "padrinos" que, según los casos documentados, las golpean o las obligan a delinquir.
La brecha de registro es enorme, pues mientras que el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales con Reconocimiento o Distintivo de la Conasama contabiliza apenas 141 centros: 103 con servicios profesionales de salud mental y 38 con programas de estancia temporal, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) estima que existen más de 3 mil.
Meneces Salvatierra, con más de 20 años de trabajo en la rehabilitación de personas con adicciones a las drogas, lamentó que apenas tres por ciento de las personas anexadas logra mantenerse limpio, una tasa de éxito críticamente baja que podría derivar de esa irregularidad.
Modalidad nacional
En Coatzacoalcos, Veracruz, Roberto —nombre que eligió para proteger su identidad— llegó a un anexo convencido de que iba a rehabilitarse.
"Por acá decían que con el poder de Dios me iban a ayudar y lo que hacían era ponerme un cañón en la cabeza", recordó.
El anexo Hablemos de Felicidad, en la comunidad de Mundo Nuevo, era en realidad un centro de adiestramiento donde obligaban a los internos a participar en extorsiones, secuestros y venta de droga. Escapó en la primera salida.
Su caso no es aislado. Las fiscalías estatales han investigado centros vinculados con homicidios, secuestros, extorsión, desaparición forzada y trata de personas.
Operativos recientes en el Estado de México, Jalisco (Guadalajara y Zapopan) y Durango dejaron al descubierto internos que vivían en hacinamiento, insalubridad y desnutrición.
También se han denunciado golpes, castigos corporales, tortura, asfixia, abusos sexuales e ingresos contra la voluntad de las personas, lo que constituye privación ilegal de la libertad.
Muchos de estos sitios operan en casas particulares, sin supervisión sanitaria, con personal no certificado y con cobros a las familias.
El Estado de México es el caso más documentado. Su Fiscalía abrió 152 expedientes de investigación en menos de un año y, en nueve meses, intervino 94 anexos, de difícil identificación porque funcionan en casas particulares o bodegas.
Aseguró 53 por su probable relación con hechos delictivos y los otros 41 siguen operando.
En los 53 fueron ubicadas mil 599 personas: mil 518 regresaron con sus familias, 80 fueron canalizadas a centros que cumplen la norma y una pidió su externamiento voluntario.
En los operativos se rescató a menores de edad que estaban amarrados o eran golpeados, y se reportó la muerte de al menos dos personas por golpes.
Juan “N”, hoy de 30 años y rehabilitado, recordó que en un anexo de Tultitlán, hoy cerrado tras una denuncia, lo amarraban a los barrotes de una reja cuando le daban crisis de abstinencia, lo golpeaban y no recibió tratamiento alguno.
En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado intervino nueve anexos presuntamente ligados a una red de extorsión, cobro de piso y préstamos "gota a gota" que, según las investigaciones, obtenía alrededor de 20 millones de pesos mensuales.
En Guanajuato hay 520 centros oficiales, pero cifras gubernamentales y de organizaciones privadas indican que podrían ser más de mil.
Ahí ocurrió, el 1 de junio de 2020, el ataque armado más brutal contra un anexo en la historia del país: 27 muertos en una clínica de Irapuato.
En Tijuana, Baja California, la clínica JIREH y el grupo conocido como Patrulla Espiritual se volvieron virales en redes sociales por sus métodos de internamiento forzado y terminaron bajo investigación criminal.
Negocio con la desesperación
El negocio no termina en la puerta. En Guanajuato se piden "cooperaciones" semanales superiores a 500 pesos, además de comida y artículos de primera necesidad como pasta de dientes o papel higiénico.
"Yo veo que ahí se pasan de negociantes", dijo Carolina, cuyo padre, de 49 años, va a cumplir un año internado en un anexo de León.
En Poza Rica, Veracruz, intervenciones ministeriales localizaron a personas reportadas como desaparecidas en recintos que cobraban cuotas semanales a sus familiares por un supuesto proceso de sanación.
En Veracruz, la inmensa mayoría de los anexos funciona sin registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni supervisión médica o psicológica, pese a que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2 exige cumplimiento estricto.
Los ingresos los contratan familiares desesperados ante la falta de alternativas en el sistema de salud pública y, cuando hay denuncias, la defensa suele ser que los propios familiares consintieron la "intervención".
Pedí que vinieran por mi hijo para anexarlo y terminó en la cárcel, acusado de homicidio", relató una persona a Excélsior.
Otra víctima contó: "Mis padres me internaron en un centro de rehabilitación, pero los médicos abusaron sexualmente e incluso me obligaron a prostituirme".
Sin cifras ni control
En el Estado de México las autoridades declinaron informar cuántos centros particulares tienen registrados y qué normas deben cumplir.
En Veracruz, pese a la insistencia, eligieron no dar su punto de vista. En Guanajuato abrieron un diálogo con más de 40 centros de tratamiento para fortalecer su regulación, y en el Estado de México algunos centros que sí han ayudado a superar adicciones marchan para que se les reconozca y operen dentro de la norma.