40 horas sin bajar la guardia

La reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, que busca favorecer la convivencia familiar y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, nos parece uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia laboral. El cambio es complejo para las actividades cuya operación debe mantenerse en forma continua todos los días del año.

Es el caso de la seguridad privada, en la que un puesto de vigilancia requiere cubrir las 168 horas de la semana, aun cuando disminuya la jornada individual de cada trabajador, y en la que será necesario reorganizar turnos, contratar más personal, pagar horas extraordinarias o modificar el diseño de los servicios.

En diversas actividades, una inversión en tecnología o una mejor organización permiten producir lo mismo en menos horas, pero en la vigilancia presencial el tiempo forma parte integral del servicio contratado. Las cámaras, los controles de acceso, los sensores, los centros de monitoreo y otros instrumentos pueden ayudar a prevenir riesgos y ampliar las capacidades, pero muchas instalaciones siguen requiriendo presencia física y capacidad de respuesta inmediata.

En un primer ejercicio realizado por ASUME (Agrupaciones de Seguridad Unidas por México) tomamos como referencia los más de 471 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de agosto en los servicios de protección y custodia. En otra oportunidad podremos ampliar el análisis a las cerca de 140 mil personas que, de acuerdo con la ENOE, realizan otras funciones dentro de las empresas de seguridad.

Partimos de la base de que los salarios y las prestaciones sociales absorben una gran parte de los costos del sector. De acuerdo con los supuestos de política económica previstos para los próximos años, el efecto combinado de los incrementos salariales y el pago de las horas extraordinarias necesarias para cubrir la reducción de la jornada elevaría el crecimiento del costo laboral de aproximadamente 7.7 % a 18.4 % anual. Como resultado de la reducción de la jornada, hacia 2030 la diferencia en el costo laboral entre ambos escenarios sería de 46%.

Esa presión adicional tendrá que reflejarse en los contratos frente al esquema tradicional, en el que las tarifas de los servicios de seguridad privada se actualizan en paralelo con la inflación general. Cuando el precio contratado queda rezagado frente al costo laboral, la empresa formal pierde margen para capacitar, supervisar, invertir en tecnología y conservar a su personal.

En la discusión también hay que tomar en cuenta el avance de la informalidad. En los Criterios Generales de Política Económica para 2027 se reconoce que la ocupación informal ha ganado terreno y se plantea impulsar el empleo formal como una vía para elevar los ingresos de las familias. La reducción de la jornada a 40 horas debe considerar mecanismos y esquemas ágiles para las empresas de operación continua que fortalezcan el trabajo formal con seguridad social.

De otra forma aumentaría el riesgo de que algunos proveedores busquen eludir las nuevas obligaciones. Es un escenario en el que se debilitarían la productividad, la competitividad y la creación de empleos formales. También se reduciría el número de empresas que pagan impuestos, invierten y capacitan.

En la seguridad privada, este problema tiene implicaciones particularmente delicadas. Un precio demasiado bajo puede esconder personal sin seguridad social, capacitación insuficiente, controles débiles, poca supervisión y una inversión limitada en tecnología y equipamiento. Lo que parece un ahorro para el cliente puede terminar aumentando los riesgos para las personas, las instalaciones, la información y la continuidad de las operaciones. Al mismo tiempo, coloca en desventaja a las empresas serias que cumplen con sus responsabilidades laborales, fiscales y regulatorias.

La tecnología y la IA ofrecen solo parte de la respuesta. Su adopción puede impulsar la productividad y el crecimiento durante los próximos años, y la seguridad privada puede ser uno de los sectores que aceleren ese proceso. Estas herramientas pueden permitir una mejor operación y concentrar al personal en tareas de prevención y respuesta. Aun así, no alcanzarán para absorber todo el impacto de la reducción de la jornada. Muchos servicios seguirán necesitando cobertura humana permanente y la automatización también puede transformar posiciones y reducir el ritmo de creación de empleos formales, en una industria que aporta el 2.1 % de todo el empleo registrado en el IMSS.

En el sector estamos estudiando distintos modelos de organización del trabajo que permitan mantener la continuidad de las operaciones conforme disminuya la jornada ordinaria, equilibrar mejor los turnos y asegurar el registro y pago completo de las horas extraordinarias. Buscamos alternativas que respeten el derecho al descanso, den certeza en el cálculo de la nómina, eviten jornadas excesivas y cumplan con la legislación laboral. Esperamos encontrar las mejores vías para mejorar la productividad y la competitividad del sector.

A las empresas nos toca reorganizar procesos, invertir en capacitación y modernización, administrar mejor los turnos y respetar plenamente los derechos laborales. Los clientes públicos y privados deberán reconocer el costo real de contratar servicios formales. A las autoridades les corresponde brindar certeza normativa y escuchar a trabajadores y empleadores antes de definir los mecanismos de aplicación.

Bien instrumentada, la reducción de la jornada puede dejar beneficios importantes. Para los trabajadores significaría más descanso y tiempo con sus familias. Para las empresas deberá representar una transición viable que permita fortalecer el empleo formal y competir en mejores condiciones. Para los clientes tendrá que garantizar servicios seguros y continuos.