Septiembre vuelve a pintar de verde, blanco y rojo la escenografía oficial. En las plazas públicas se afinan las luces, se desempolvan las cornetas y el discurso gubernamental se prepara para convocar a la patria. Estamos comenzando, al menos en la forma, los festejos de la Independencia de México. Sin embargo, en esta tierra azotada por la realidad, el civismo de calendario se siente como un eco vacuo y desgarrador. En Sinaloa, la tan cacareada independencia murió con las primeras balas de una conflagración que no cede. Nos quedamos sin libertad para movernos, sin soberanía sobre nuestros propios espacios y sin la tranquilidad básica para existir.
Dos años se dicen fácil en la retórica del poder. No obstante, acumulados sobre la espalda de una sociedad, 730 días de conflicto son una eternidad que fractura el alma de un pueblo. Llegamos al segundo aniversario de una conflagración que muchos insistieron en calificar como “pasajera”, como un simple “reacomodo” o una turbulencia de unos cuantos días. La soberbia realidad, esa que no admite otros datos ni otros discursos, nos demuestra lo contrario: Sinaloa sigue atrapada en las garras de una guerra sin tregua.
En este bienio de zozobra, la consecuencia más severa no sólo se mide en el doloroso balance de vidas perdidas o carpetas de investigación archivadas; se mide en el encogimiento metódico de nuestra forma de vida. Culiacán, esa capital vibrante que presumía su empuje comercial y su intensa dinámica urbana, hoy se ha vuelto una ciudad dolorosamente más pequeña. Nos hemos empeñado en sobrevivir reduciendo nuestro mapa.
La economía local se desmorona a cuentagotas y los empleos formales se desvanecen en la incertidumbre. La vida nocturna, motor en otros tiempos de la interacción social y el comercio local, fue abolida por un toque de queda implícito impuesto por el miedo. Los negocios hoy operan únicamente bajo la frágil bendición de la luz del sol; al caer la tarde, las cortinas metálicas bajan apresuradamente y las calles quedan desiertas. Nos convertimos en habitantes de microrregiones: las personas ya no cruzan la ciudad, sólo interactúan en los perímetros más inmediatos a sus hogares. Nos volvimos extraños en nuestro propio territorio, confinados a burbujas de contención urbana para reducir el riesgo de ser la estadística de la noche.
Lo más trágico de este horizonte es constatar que, en el fondo, poco o nada ha cambiado. Si bien existe una percepción creciente de que debemos alejarnos del culto explícito a la narcocultura —esa que durante décadas alimentó la apología del delito a través de la música y la estética del exceso—, la realidad es que seguimos defendiendo con cinismo su consumo. Nos escandalizamos ante las ráfagas en las avenidas, pero continuamos tarareando las historias de los victimarios en la privacidad de las fiestas o defendiendo los códigos de vida que nos arrastraron a este atolladero. Condenamos la violencia en la esfera pública mientras mantenemos intactos los hábitos culturales que la justifican y normalizan en lo privado.
Frente a esta parálisis social, la respuesta de las autoridades ha sido previsible e indolente. El gobierno ha optado por la vía cómoda: administrar la violencia en lugar de combatirla de raíz. Pacifiquen los titulares, administren las bajas, desplieguen patrullajes espectaculares pero inofensivos y esperen a que las aguas retomen su nivel.
¿Por qué se niegan a resolver el conflicto de fondo? La respuesta es simple y desoladora: porque encarar el problema estructural implicaría sentar en el banquillo de los acusados a todos los sectores de la sociedad. Significará auditar la complicidad del poder político, la permisividad del sector empresarial, la corrupción institucional y la tolerancia social que pavimentó este camino. Resolver la crisis exige una catarsis general a la que nadie en las cúpulas está dispuesto a someterse. Es más rentable simular que se vigila, mientras el tejido social se desgarra día a día.
El autoengaño de la autoridad no detuvo la inercia del conflicto. Lejos de contenerse o sofocarse en el centro del estado, la mancha de aceite ha seguido su curso natural. Las consecuencias de esta guerra ya no son exclusivas de la capital; hoy se han expandido con fuerza hacia el sur de Sinaloa, amenazando la estabilidad de regiones enteras que veían el problema como algo ajeno o lejano. La violencia no se extingue por decreto ni por desgaste; cuando no se le combate, simplemente coloniza nuevos territorios.
Cumplimos dos años sumergidos en la barbarie, adaptándonos a vivir en una versión reducida, conmocionada y con la moral minada de nuestro propio estado. Mientras las luces del festejos patria intentan maquillar el desastre, la realidad se impone: en Sinaloa la independencia es apenas un mito de papel, y la paz, una asignatura pendiente.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Tenemos algo que festejar en una ciudad reducida al miedo?
*Analista