22 niñas son madres cada día; el Estado falla en prevenir violencia contra infancias
La interrupción del embarazo a la que fue sometida una niña de 11 años destapó un grave hecho de violencia sexual y expuso las grietas en los mecanismos del Estado mexicano para proteger a la infancias
La interrupción del embarazo a la que fue sometida Nohemí, una niña de 11 años que ingresó con cinco meses de gestación a un hospital del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, destapó un grave caso de violencia sexual y expuso las grietas en los mecanismos del Estado mexicano para proteger a los menores de edad ante estos abusos, coinciden activistas y especialistas en derechos de los mujeres y de las infancias.
La organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres y Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, advierten que la atención hospitalaria ocurrió cuando el sistema ya había fallado en todas sus capas de prevención, por lo que llamaron a derribar las barreras normativas y los prejuicios institucionales que impiden que la salud y la justicia lleguen a tiempo.
"El sistema llegó tarde"
A través de un posicionamiento, la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres advirtió que la llegada de una niña a una emergencia médica con un embarazo de cinco meses demuestra la ruptura previa de todas las redes de protección comunitarias e institucionales.
Aunque en México la NOM-046 permite interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación sin necesidad de presentar una denuncia penal previa, la organización subrayó que la permanente tipificación del aborto en los códigos penales perpetúa el estigma y genera demoras en la atención médica.
“Criminalizar el aborto genera miedo, estigma, desinformación y numerosas barreras que pueden retrasar la atención”, asevera Angie Contreras, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
“Para una víctima de violencia sexual, y especialmente para una niña, esas barreras pueden significar llegar tarde a una atención que necesita”.
La dimensión del problema es crítica: según registros de la Secretaría de Salud, el riesgo de muerte materna se cuadruplica en menores de 15 años debido a complicaciones como eclampsia o parto prematuro. Solo en el último año registrado, 7,855 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres en México —un promedio de 22 al día—, entre ellas tres niñas de apenas 10 años.
“Ninguna niña debe ser madre. Las niñas merecen crecer seguras, poder jugar, aprender, imaginar y decidir qué quieren ser”, enfatizó Lizeth Mejorada, vocera del colectivo.
Adultocentrismo y alertas no atendidas
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, el caso de Nohemí expone una violencia estructural arraigada en pautas de crianza machistas y adultocéntricas, donde la niñez es tratada como "propiedad familiar" en lugar de sujetos de derechos.
El especialista precisó que, según cifras oficiales, 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren en entornos presuntamente seguros (la familia, la escuela, iglesias o centros deportivos), y en 9 de cada 10 casos los agresores son hombres cercanos al entorno de la víctima (padres, padrastros, tíos o abuelos).
Pérez García detalló que los menores víctimas de abuso siempre emiten señales de alerta indirectas que los adultos del entorno omiten identificar.
“Las niñas y los niños que son víctimas de violencia avisan: dejan de comer, dejan de ir a la escuela, cambian su conducta, se vuelven irritables. Están llamando la atención cuando no pueden verbalizarlo. Es necesario saber qué sucedió, por qué en la escuela no se dieron cuenta, por qué el contexto familiar ampliado no dio la voz de alerta”.
Leyes avanzadas en "papel mojado"
Respecto al funcionamiento de la NOM-046 y la despenalización en diversos estados, el especialista en derechos de la infancia apuntó que México posee un marco legal de vanguardia, pero este se convierte en "papel mojado" debido a la falta de campañas públicas de educación sexual y a la injerencia de prejuicios personales en los servidores públicos.
“No importa si la autoridad profesa cualquier tipo de fe: es su fe o su creencia, pero en su rol de funcionario público está obligado a cumplir la ley. Tu religión o tu campaña electoral no es más importante que el derecho de una niña víctima de violencia sexual”, aseveró Pérez.
Asimismo, advirtió sobre la fragilidad del proceso penal contra el detenido, recordando que reportes de organismos como México Evalúa señalan que el 93% de las carpetas de investigación no llegan a sentencia por deficiencias técnicas de las fiscalías, lo que deja a los agresores en la impunidad.
¿Qué necesita Nohemí para reparar el daño?
Más allá de la intervención médica inmediata, Juan Martín Pérez García trazó la ruta prioritaria que el Estado y la sociedad deben garantizar para el futuro de la menor:
- Escucha activa e identidad protegida: Evitar la discriminación por edad y resguardar estrictamente sus datos personales para evitar revictimización en medios o redes sociales.
- Evaluación de la familia extensa: Investigar el soporte hasta en cuarto grado de parentesco para ubicar un entorno seguro, limitando al mínimo el tiempo de institucionalización en albergues.
- Derecho a la verdad y justicia: Explicarle de forma adaptada a su edad que fue víctima de un delito, garantizando el derecho a la reparación integral y a la no repetición.